A medida que se acerca la elección presidencial en los Estados Unidos, en noviembre de este año, el debate migratorio se ha ubicado con carácter prioritario en la política interna de esa nación.
El Partido Republicano, acatando la voluntad del exmandatario Trump, quien seguramente será escogido como su candidato para los comicios de 2024, obstruye mediante sus parlamentarios en la Cámara de Representantes cualquier intento bipartidista por alcanzar una necesaria y largamente pospuesta reforma migratoria, a pesar que el número de migrantes que se presenta ante las autoridades en solicitud de asilo es cada vez mayor y su composición se ha transformado.
Si anteriormente el mayor número de migrantes procedía de México, siendo personas adultas que buscaban evadir las autoridades de la Patrulla Fronteriza, hoy la situación ha cambiado, tornándose mucho más compleja: guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, venezolanos, cubanos, haitianos, además de asiáticos y africanos, migran masivamente, en caravanas para autoprotección, integradas por familias o por menores de edad no acompañados por adultos, que lejos de evadirse se entregan en solicitud de asilo, derecho humano amparado por la legislación internacional, de la cual los Estados Unidos es signatario y que le prohíben deportar a personas cuyas vidas están en peligro inminente si son retornadas, debiendo otorgarles el debido proceso jurídico.
En aquellos estados de la Unión Americana en donde los republicanos controlan los gobiernos locales y estatales, en el sur, sureste y suroeste, particularmente en Texas y Florida, los migrantes son despachados a ciudades norteñas controladas por los demócratas, y la legislación federal es desafiada abiertamente por los gobernadores de esos estados. A tal extremo ha llegado la confrontación partidaria.
