La pandemia del covid-19 sigue en ascenso, los hospitales están al máximo de sus capacidades instaladas, y, lo peor, el número de muertes crece día con día; los fallecimientos en Tegucigalpa están creciendo exponencialmente, el número de contagios entre la población ya se acerca a los 15,000 casos y entre el personal sanitario se ha duplicado en las últimas
dos semanas.
La pandemia golpea con fuerza a poblaciones del interior del país, principalmente en Choluteca e Islas de la Bahía, donde el número de casos está creciendo de manera alarmante.
Los efectos de la pandemia en la economía de miles de familias son devastadores, miles de trabajadores han sido suspendidos o despedidos de sus empleos.
El gobierno a vuelto a cerrar Tegucigalpa a pesar de que son muchos los que no ha acatado las órdenes y siguen en las calles realizando sus actividades diarias, aunque hay que reconocer que muchos de ellos lo hacen obligados por su precaria situación económica.
El panorama no es nada halagador, más cuando se hacen públicas las supuestas anormalidades en el manejo de los presupuestos destinados para la compra de hospitales móviles que tanto se necesitan en estos momentos para la atención de la población enferma.
La situación demanda de las autoridades gubernamentales la reformulación de políticas -si es necesario- para frenar el contagio y, lo más importante, transparentar el manejo de los presupuestos destinados a la atención de
la pandemia. Honduras es un país pobre que no se merece que sus escasos recursos estén siendo mal utilizados y más grave aún, terminando en los bolsillos de unos pocos.
El clamor general es que toda esta denuncia sea investigada puntualmente y que a los responsables les sea aplicado todo el peso de la ley, sin importar la bandera política en la que se cobijan.
Que nada les distraiga de este propósito.
