En 2023, Honduras ocupó el poco honroso quinto lugar en la lista de los países con mayores tasas de femicidios en el mundo. De acuerdo con el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el primer lugar lo ocupa Sudáfrica con una tasa de 9.02 por cada 100 mil habitantes, seguido de Jamaica (8.70), Botswana (7.63), Namibia (6.80) y Honduras (6.47). El año pasado, los organismos de mujeres registraron la muerte violenta de más de 400 mujeres en el territorio nacional y, más grave aún, que el 95% de los casos se encuentra en la impunidad.
2024 no parece que será un año diferente. Los medios de comunicación reportan que en los primeros siete días de enero, siete mujeres han perdido la vida de forma violenta en diversas regiones del país, y si bien en algunos de los casos se han identificado y detenido a los supuestos hechores, en la gran mayoría de los casos los asesinos siguen libres.
Desgraciadamente, estos casos parece que ya no sorprenden a nadie, ni a las autoridades competentes que poco o nada hacen para evitar que este tipo de delitos siga en crecimiento, y la sociedad en general, que parece estarse acostumbrando a este tipo de hechos violentos al grado de considerarlos como algo normal.
La verdad que es tiempo de hacer un alto y asumir acciones y decisiones que comiencen a frenar estos delitos.
Es necesario levantar la voz y exigir al Estado una política pública firme para proteger a las mujeres contra la violencia y la dotación de los recursos humanos, técnicos y financieros suficientes para articular y profundizar los esfuerzos existentes en materia de prevención, atención y sanción.
La pasividad, el desinterés y la desidia con que se ha visto hasta ahora esta problemática debe terminar; proteger la vida de todas y cada una de las mujeres hondureñas no solo debe ser un discurso electorero del que se echa mano cada cuatro años, debe ser la prioridad de este y todos los que tienen el privilegio de llegar a administrar el Estado.
