El Congreso Nacional aprobó a mediados de julio en la ciudad de Gracias, Lempira, un decreto para la masificación del crédito educativo, que dará acceso a un préstamo por hasta 600,000 lempiras a estudiantes de bajos recursos económicos que quieran egresar de carreras productivas.
Para tal efecto, se transfiere un fondo de 300 millones de lempiras a la Dirección de Crédito Educativo (Educrédito), que es la institución pública financiera para el otorgamiento de préstamos a estudiantes.
Los recursos provienen de un fideicomiso de más de dos mil millones de lempiras que pertenece al Banco Hondureño de la Producción y Vivienda (Banhprovi) y que fueron aprobados para financiar el agro nacional.
La medida permite no solo mejorar el acceso a la educación, sino que atañe a un sector que es medular en la economía de todo país.
Sobra decir la importancia que también tiene la educación. En Honduras, el promedio de años de estudio de la población está entre los seis y ocho, según datos de 2012 de la UNAH. Según Unicef, de 4.3 en el área rural y 7 en la urbana, en Costa Rica es de 9 años. La Comisión Económica para América Latina señala, por su parte, que la educación mínima para que una persona tenga un nivel de vida aceptable es de 12 años. Y cada año más de estudio sobre el promedio puede significar un aumento del Producto Interno Bruto, señala el Banco Mundial.
Al margen de la discusión entre quienes defienden que la educación debe ser gratuita y quienes opinan lo contrario, lo cierto es que el bajo promedio educativo que hay en nuestro país tiene entre sus causas la pobreza, que restringe el acceso incluso a los centros de enseñanza del Estado.
La Ley para la Masificación del Crédito Educativo es una oportunidad para quienes aspiran a cursar estudios universitarios, ya sea en centros públicos o privados, que les puede cambiar la vida. Sin olvidar que están adquiriendo un compromiso que debe honrarse, porque al caer en mora, como ocurre con muchos beneficiados ya graduados, le niegan a otros la oportunidad de superarse.
