El gobierno actual dio a conocer que enfrenta grandes problemas para cubrir el presupuesto general del presente año, sin embargo, los poderes Legislativo y Ejecutivo por el momento no han planteado acciones contundentes de austeridad y reducción del gasto público.
En los últimos años, los gobernantes para cubrir el clientelismo político crearon instituciones paralelas que ahora representan una enorme carga para las finanzas públicas.
Una muestra: la administración anterior creó una Secretaría de Transparencia. Para su funcionamiento en el 2022 le asignó un presupuesto de 100,989,832 lempiras. Esta entidad surge a pesar de que ya estaba el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), que solo tiene asignados 37,183,423 lempiras.
Igual sucedió con el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), el cual obtuvo su rango constitucional ratificado el 7 de febrero de 1995, pero en la administración de presidente Porfirio Lobo (2010-2014) se dio vida a una Secretaría de Derechos Humanos. Para operar este año el Conadeh tiene aprobados 83,469,126 lempiras, mientras que la Secretaría de Derechos Humanos cuenta con un monto de 96,130,113 lempiras.
Por otro lado, abusando del poder también se autorizaron contratos leoninos, cargos con exorbitantes salarios, se incrementaron los sueldos, y para amolar la situación últimamente aprobaron prestaciones laborales para los funcionarios de confianza como ser los ministros, viceministros y directores.
El peso ahora es insostenible, no obstante, todavía no se ven medidas para contrarrestarlo. Para sacar adelante al país se requiere de un sacrificio de todos los sectores comenzando por el gobierno, que debe tomar decisiones convincentes para reducir su gasto, así como para ejecutar una efectiva inversión de los pocos recursos económicos de que dispone.
