Un problema crónico entre diversas instituciones estatales con responsabilidades compartidas es la falta de coordinación entre ellas, lo que genera duplicidad de esfuerzos y recursos, humanos y materiales, amén de gastos adicionales e innecesarios.
Tal es el caso que se genera entre la Fusina con respecto al Poder Judicial y el Ministerio Público. Los integrantes de la primera, en su lucha cotidiana contra el crimen organizado, y tras exhaustivos trabajos investigativos, recolectan sólidas pruebas de convicción en cantidad y calidad suficientes, presentan el caso junto con el imputado capturado, arriesgando sus vidas con frecuencia, para encontrarse con que ciertos jueces y fiscales dejan en libertad al supuesto responsable alegando no habérseles aportado evidencias convincentes para judicializar el caso.
Ello genera un sentimiento desmoralizador y frustrante entre los agentes del orden público, cuando meses de arduo trabajo quedan en nada y el antisocial continúa impunemente su comportamiento delictivo, ya en forma reincidente. Así, queda menguada su vocación de servicio en pro de la protección de la población, expuesta a los embates de la criminalidad en sus diversas manifestaciones.
Otra queja esgrimida por la Fusina es el hecho de que recientemente le han reducido el número de fiscales hasta hace poco a ella asignados, a efecto de trabajar de manera conjunta y complementaria, lo que significa una sobrecarga laboral para los que aún continúan integrados a la Policía.
Se requiere a la brevedad que el presidente del Poder Judicial, el fiscal general y los altos mandos de la Fusina se reúnan, examinen las actuales problemáticas que debilitan y anulan sus respectivas competencias con el propósito de superarlas y, a partir de ahora, funcionar de manera integrada y compartida. Todo sea en pro de la seguridad ciudadana y de una efectiva coordinación interinstitucional.
