Daniel Ortega lo volvió a hacer. Una vez más impuso su criterio y sin decir agua va, agua viene, canceló, de un solo plumazo, la personería legal de la escuela de negocios Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae), y ordenó decomisar sus bienes muebles e inmuebles, bajo el argumento de que incumplió con las leyes que lo regulan.
En agosto pasado, el dictador acusó de “terrorismo” a la Universidad Centroamericana (UCA), y ordenó también la incautación de todos sus bienes inmuebles y de sus cuentas bancarias.
Estas son solo dos de las últimas medidas dictatoriales de Ortega, quien en su afán de perpetuarse en el poder ha iniciado una carrera sin frenos en la que se lleva por delante a todo el que osa oponérsele mandándolos presos, despojándoles de su nacionalidad; irrespetando y pisoteando las libertades de expresión, información y prensa, atacando a la empresa privada, a la Iglesia Católica, y ahora a la academia.
El cierre del Incae es una tragedia para Nicaragua, un golpe para la academia, un golpe para la democracia; un hecho repudiable ante el cual los hondureños y nuestras autoridades gubernamentales, no podemos ni debemos quedarnos callados.
La defensa de los principios democráticos en nuestro país, nuestra región y el mundo es la bandera que debemos enarbolar en todo momento y en todos los foros.
El principio de la no intervención en asuntos internos de otros Estados y el respeto a la autodeterminación de los pueblos no puede cegar a nuestras autoridades ante las atrocidades que se comenten en contra de la democracia en Nicaragua.
Presidenta Castro, eso es Nicaragua y el mundo repudia lo que está pasando allí. Eso es todo, menos democracia. Y causa rubor apoyar a esa dictadura.
