Un informe de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) señala que en Honduras muchos niños y niñas que viven en condiciones de pobreza extrema han sido víctimas de desplazamiento forzado, lo que ha ocasionado que abandonen sus estudios o no puedan acceder a la educación, haciéndolos vulnerables a ser reclutados por el crimen organizado.
Por su parte, el Comisionado Nacional para los Derechos Humanos (Conadeh) ha informado que en Honduras 1,798 niños, niñas y adolescentes se desplazaron de manera forzada o se encontraban en riesgo de desplazamiento entre los años 2019 y 2022, lo que les orilló a dejar sus estudios.
Pero también han indicado que debido a la violencia ejercida por estos grupos irregulares entre el 2016 y 2021, al menos 280 docentes fueron víctimas de desplazamiento forzado o se encontraban en riesgo de serlo, y que unos 38 centros educativos registraron hechos de violencia.
Estos datos solo reflejan la magnitud de un problema que se arrastra desde hace años y que podría ser mucho mayor dada la cantidad de casos que suceden en el territorio nacional y de los que no se tienen registros.
Es, además, solo otra arista de la necesidad de revisión de las políticas de seguridad del Estado, su reformulación o aplicación de otras que aseguren la seguridad y la protección de la sociedad, y por ende, de la comunidad educativa, sus estudiantes y sus maestros dentro y fuera de las escuelas y colegios.
Demanda que el Ministerio de Educación se una para identificar acciones paralelas que garanticen firmemente el derecho a la educación de todos los niños y los jóvenes, principalmente de los que viven en condiciones de alto riesgo.
Esta es, sin duda, una acción que se debe impulsar a la par de los programas de mejoramiento de la infraestructura escolar y la modernización y actualización de la currícula, que es fundamental para garantizar que la educación cumpla con los objetivos de preparar a los estudiantes para la vida, el trabajo en un mundo en constante cambio.
