Hacemos hoy un homenaje póstumo a los cuatro hondureños que perdieron la vida en el violento hecho protagonizado por supuestos miembros de la Mara Salvatrucha en los tribunales de El Progreso, Yoro, hasta donde llegaron vistiendo indumentaria de la Policía y portando armas de grueso calibre para rescatar a uno de sus jefes.
En la acción criminal murieron los subinspectores de la Policía Nacional, Alberto Lanza Gallegos y Gerlin Ríos Herrera, y los agentes de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), Wilmer Pozo Rodríguez y Rony Rodríguez Osorto.
Ellos eran cuatro jóvenes hondureños provenientes de humildes familias del interior del país que se habían enrolado hacía muy poco en las instituciones militares y policiales, quizá, alguno de ellos, porque le gustaba la carrera militar y policial, o quizá por no tener otra opción laboral.
Pero cualquiera que haya sido la razón, ellos murieron en el cumplimiento de su deber, brindando seguridad a la ciudadanía, defendiéndola precisamente de los grupos de antisociales, de las maras y pandillas, del tráfico de drogas, que han venido operando casi a sus anchas en el territorio nacional.
La muerte de estos cuatro jóvenes obliga al Estado hondureño a ir más allá de los homenajes que se merecen durante sus funerales; obliga a las instituciones involucradas en dar seguridad e impartir justicia a cumplir a cabalidad con sus funciones e investigar y castigar a los responsables, no importando quiénes sean.
Estas muertes no pueden pasar a engrosar las cifras de muertes múltiples y violentas, que casi siempre quedan impunes, a pesar de contar con una Tasa de Seguridad creada para enfrentar los altos niveles de criminalidad y violencia que afectan a la ciudadanía desde hace años.
La sangre de los cuatro miembros de la Policía Militar y de la Policía Nacional asesinados el jueves no debe quedar impune.
