Honduras forma parte de la desagradable lista de países más peligrosos para ejercer el periodismo, junto a México, Colombia y Brasil. La situación no es nada nueva. Allá por 2012, el entonces Relator Especial de Naciones Unidas sobre la protección y promoción del derecho a la libertad de opinión y expresión, Frank La Rue, decía que Honduras se enfrentaba a “niveles inaceptables e inhumanos de violencia contra la prensa” y que una de las causas principales de esa situación era la falta de investigación seria por parte de las autoridades.
Esas consideraciones no han cambiado diez años después. Son más de 90 los casos de periodistas y comunicadores asesinados, los que en más del 90% se encuentran impunes por el desinterés manifiesto de las autoridades del Estado de investigar y castigar a los responsables.
Estos asesinatos son la expresión más violenta de la censura a la que se enfrentan día a día los periodistas, víctimas, además, de agresiones físicas y verbales, de amenazas, secuestros o detenciones arbitrarias, en las que pueden enfrentarse a procedimientos judiciales abusivos, actos de espionaje o la destrucción de su material de trabajo, citan las investigaciones, las denuncias, los reclamos que se hacen públicos o se presentan de forma privada ante las instancias correspondientes.
Estas son acciones que solo generan miedo y autocensura entre los periodistas y los medios de comunicación y que frenan la lucha contra los altos índices de corrupción e impunidad que tradicionalmente han imperado en sociedades como la hondureña.
Pero en medio de las dificultades y los riesgos, son muchos los y las periodistas que se mantienen en su trabajo conscientes de que la libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas, y, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática.
