Editorial

Desplazados internos

No solamente Colombia, Venezuela y Nicaragua padecen esta cruel problemática social. También Honduras. Diversas modalidades de violencia la provocan: narcotraficantes, maras, bandas criminales, afectando a diversos sectores poblacionales ubicados en centros urbanos y áreas rurales, sea por venganza, despojo de viviendas o tierras.

Sus modalidades incluyen amenazas de muerte, extorsión, sicariato, asesinatos de familiares, reclutamiento de niños (as) y adolescentes; violencia sexual, intrafamiliar o doméstica, secuestro. La orientación sexual, la identidad de género, los conflictos por tenencia de la tierra, el establecimiento de industrias extractivas, constituyen otras motivaciones para causar este creciente fenómeno que afecta igualmente a mujeres y hombres, incluyendo a las etnias indígenas y afrodescendientes.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos ha publicado el informe “Desplazamiento forzado interno en Honduras”, identificando 757 casos de los cuales 370 representan situación de riesgo y 387 de desplazamiento, representando el 7% del total de quejas presentadas: 10,769 en las 10 oficinas del Conadeh y el 21% de las denuncias recibidas por vulneraciones a los derechos a la vida e integridad personal: 3,608.

El 2013, el Estado creó la Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas por la Violencia, encargada de formular legislación, políticas y estrategias. Se ha elaborado un anteproyecto de ley para la prevención, atención y protección de las personas desplazadas internamente. Corresponde al Congreso, dándole prioridad en su agenda, discutirlo, mejorarlo y aprobarlo a la brevedad.

De acuerdo con estimaciones de la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Desplazadas, para este año la cifra de personas desplazadas podría llegar a 264,481. Las alternativas con que cuentan las y los afectados solamente son el traslado a otra región del país o solicitar el status de refugiado para ser acogido por otro país.

Evidentemente, un grave dilema existencial que debe ser atendido urgentemente a efecto de recuperar el control social y territorial de las zonas afectadas, con adecuada ayuda humanitaria y protección en el retorno, reubicación y reintegración.