Es un hecho sin precedentes en Honduras que la Secretaría de Derechos Humanos (Sedh) esté cerrada por casi un mes por las protestas de empleados que denuncian hostigamiento laboral de la ministra del ramo Natalie Roque y que con el paso del tiempo no se abran los caminos a un diálogo que ponga fin al conflicto.
Si bien, se había anunciado que el ministro de Planificación había sido designado por la presidenta Castro para servir de mediador entre la ministra Roque y sus empleados, otro alto funcionario salió a negar tal versión, evidenciando con ello, por un lado, la falta de coordinación entre la cúpula del Ejecutivo y, por otro, el desinterés en resolver la problemática.
El Ministerio Público también “se ha hecho el loco” ante las denuncias presentadas contra la ministra Roque por intimidación y acoso, y más bien, lo que recibieron fue un contingente de agentes de la Dirección Policial de Investigaciones que llegaron hace unos días a las instalaciones de la Sedh para hacer “inspecciones” y fotografiar a los protestantes, por órdenes del fiscal Johel Zelaya, según denuncias de los trabajadores.
La situación preocupa a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que la semana anterior recomendó adoptar las medidas necesarias para solventar de forma urgente el conflicto.
Pero, hasta ayer, la situación en el organismo encargado de velar por el respeto de los derechos humanos de las y los hondureños estaba empantanada, ante la evidente indiferencia de la ministra y los más altos mandos del Poder Ejecutivo, que con su actitud dejan entrever su desinterés en buscarle solución a un conflicto que más allá de la protesta de los trabajadores por los malos tratos de que son objeto, está poniendo en precario el funcionamiento del Sistema Nacional de Protección y agravando la situación de desprotección que podrían enfrentar los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia.
