La institucionalidad en Honduras tiene que funcionar, ese es el clamor popular.
Ante la avalancha de denuncias de irregularidades en la compra de los hospitales móviles por parte de Invest-H, solo queda esperar que todas y cada una de las instituciones del Estado realicen las funciones que conforme a ley ya tienen establecidas, funciones estas que deben ser cumplidas al 100% como lo está demandando la sociedad hondureña.
Cada una de esas instituciones tienen su especificidad en el marco del Estado de derecho, por ejemplo, el Ministerio Público, a través de sus diferentes fiscalías, ya tienen establecidos sus roles para la investigación de los delitos cometidos por personas particulares y funcionarios públicos.
Las autoridades de Aduanas tienen que seguir todos los procedimientos exigidos por la ley para el desaduanaje de todo el equipo que se encuentra en los predios de la Empresa Nacional Portuaria.
Invest-H debe de transparentar y dar a conocer toda la compra que se hizo con el objetivo de verificar lo comprado y lo enviado a Honduras.
El Tribunal Superior de Cuentas debe de acelerar, en la medida de las posibilidades, la exigencia que requiere este caso y los informes correspondientes, para que sean turnados al Ministerio Público o a la Procuraduría General de la República, en su caso; y la Procuraduría, como apoderado del Estado hondureño, ejercer sin contemplación alguna todo el peso de la ley para el cumplimiento de los contratos de compra-venta de los insumos realizados por Invest-H.
El Poder Judicial, una vez que tenga los requerimientos o demandas, debe de actuar bajo los principios del debido proceso, la celeridad procesal, la transparencia y presumiendo el estado de inocencia de los implicados, hasta llegar a castigar con penas severas a los autores materiales de los delitos que se tipifiquen alrededor de esas acciones.
Honduras demanda que este caso no quede impune.
