Así títuló ayer diario EL HERALDO una nueva investigación que da cuenta del pago de coimas y la colusión entre algunos empleados y guardias de seguridad del Instituto de la Propiedad (IP) con tramitadores para obtener las nuevas placas.
Los periodistas de este rotativo han evidenciado por medio de la contratación de un tramitador la colusión que existe con algunos de los empleados del IP y algunos guardias de seguridad para obtener con celeridad (sin hacer filas y en tiempos récords) el juego de placas, a cambio del pago de 1,500 lempiras.
Este es un ejemplo clásico de corrupción, una práctica que se volvió cotidiana en aquellas instituciones que prestan servicios a la ciudadanía. Una práctica que se viene realizando a la vista y paciencia de las autoridades de esas mismas instituciones, ya que los tramitadores no se esconden para realizar “su trabajo”.
Ellos (los tramitadores) están allí, ofreciendo sus servicios al mejor postor, y las autoridades también están allí, viéndoles actuar y haciéndose de la vista gorda, aplicando la máxima del dejar hacer, dejar pasar.
En el caso del IP, el director del Registro Vehicular, Marco Tulio Padilla, dijo saber que los tramitadores están allí y de la ola de corrupción y estafas que se ha desatado alrededor de la entrega de las nuevas placas.
Ha revelado también que son estructuras bien organizadas y que incluso le han amenazado con pistola en mano.
Pero si sabe que hay empleados involucrados con esos grupos se debe empezar a actuar desde adentro y rápido, adoptar las medidas y aplicar las sanciones pertinentes, y denunciar ante las autoridades correspondientes para que actúen.
Además, se deben tomar decisiones encaminadas a terminar “con la dictadura de la lata”. Los avances tecnológicos de hoy en día podrían ser una salida para agilizar y modernizar la entrega de placas. Deben actuar prontamente para cortar de raíz estos actos de corrupción, que con el tiempo pasaron a verse como “normales”, pero que en definitiva no lo son.
