Los nuevos escenarios, después de mañana, podrían acelerar los cambios sociales al compás de las elecciones estadounidenses. Además, podrían trazar una nueva hoja de ruta en el área de mecanismos que tanto urge para la resolución de conflictos y así evitar escaladas de violencia que hacen tambalear la gobernabilidad democrática de toda América Latina, donde los grandes problemas nos pasan una factura para pagar los altos costos políticos, sociales y humanos, presionados en un estallido de incertidumbre por la desaceleración de la actividad económica y las demandas sociales que siguen en aumento bajo los escenarios que generan acciones concretas para elaborar estrategias y políticas institucionales viables para la prevención y el manejo de conflictos sociales, en virtud de poder resolverlos de un modo pacífico e incluir a los principales grupos y poblaciones en la toma de decisiones.
Con lo dicho hasta aquí, podemos hablar que lo anterior hace referencia a esos elementos esenciales para una nueva generación de políticas en consonancia con la nueva agenda del presidente que saldrá de las urnas en EE. UU., mismo que tendrá que trazar los esquemas de un nuevo desarrollo sostenible.
Después del martes, el nuevo andamio político debe ser diseñado e implementado de acuerdo a los contextos, con sistemas eficaces de cooperación entre los diferentes organismos con el respaldo de los niveles más altos de toma de decisiones y de los principales actores que demandan un cambio social y político, donde la satisfacción con la democracia cayó al 30 % entre los latinoamericanos y la idea de que se gobierna para unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio llegó al 75 % de opiniones entre ciudadanos de la calle, conscientes de que se vive en el filo de una corrupción emblemática para el resto del mundo.
El costo de la corrupción es difícil de cuantificar, cuando en América Latina se ha perdido el equivalente al 4 % de su Producto Interno Bruto (PIB) en fondos financieros ilícitos. Esto erosiona la confianza en el sistema de gobierno cada día que pasa, donde los escándalos no han terminado de sacudir la opinión pública, cuando aparece otro más grande y más impúdico. Del mismo modo, afecta derechos básicos de las personas que las privan de mejoras que sus gobiernos deberían realizar en áreas como la salud, educación y seguridad, con el dinero desviado a las cuentas personales. Se trata de un problema que va más allá de América Latina, donde se han destruido todas las oportunidades para una revolución en una economía potente.
Los costos del colosal esquema de corrupción y el financiamiento de la política imponen la gran corrupción, donde han hecho un enorme laboratorio en estos países, donde los gobernantes controlan a la justicia, a los fiscales y a la policía para evitar que actúen en contra de sus intereses.
Nosotros proponemos dentro de esta agenda que podría marcar la historia a partir del día martes, la idea de crear una Corte Internacional Anticorrupción. Una semejanza de la Corte Penal Internacional para juzgar a líderes corruptos que eludan las leyes de nuestros países, un mecanismo contra sobornos, lavado de dinero y otros delitos. De lo contrario, no hay manera de hacerlos rendir cuentas para que hagan lo correcto, pese a que nuestra América fue la primera región en tener una convención contra la corrupción, adoptada en 1996.
Por eso, después del martes, Latinoamérica podría empezar a cruzar el umbral de una esperanza concreta, que va más allá de las urnas de los EE. UU.
