El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, está a un paso de recibir facultades para gobernar por decreto sin control parlamentario, lo que le permitirá imponer un “nuevo orden económico” para conjurar la alta inflación y escasez.
Maduro sólo necesita que la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, apruebe este día en segunda discusión la Ley Habilitante, con la que podrá dictar leyes a través de decretos en temas como mayor control en importaciones, regulación de márgenes de comercialización o corrupción.
Opositores han manifestado su rechazo a dicha ley. Ayer, un puñado de mujeres se encadenó frente al edificio de la Asamblea nacional venezolana para hacer manifestar su rechazo a al proyecto de otorgar superpoderes al presidente Maduro.
“No aceptamos quedarnos de brazos cruzados viendo como se cierran todas las ventanas de la libertad”, dijo a la prensa Gaby Arellano, dirigente estudiantil de la Universidad de Los Andes y activista opositora al chavismo.
Las manifestantes fueron arrestadas por funcionarios de la Guardia Nacional que las trasladaron al Palacio de Justicia donde fueron interrogadas.
De inmediato grupos defensores de derechos humanos y miembros de la organización rechazaron las detenciones y exigieron la libertad de las jóvenes.
En horas de la tarde las mujeres fueron dejadas en libertad. El movimiento Voluntad Popular que dirige el líder opositor, Leopoldo López, emitió un comunicado rechazando la detención de las mujeres.
“Voluntad Popular repudia este nuevo maltrato y ataque a la disidencia venezolana. Queda demostrado con estas acciones, una vez más, que hoy los ciudadanos no gozan de un sistema de gobierno democrático, libre y plural y que las órdenes de representantes castro comunistas continúan coaccionando la libertad y la soberanía en Venezuela”, cita el documentos, emitido tras conocer la detención de las mujeres.
A punta de decretos
Con estos “superpoderes” Maduro advirtió que “no lo parará nadie” y servirán para establecer el “nuevo orden económico interno”, en medio de una crisis económica reflejada con una inflación anualizada del 54% y una escasez puntual de productos de la cesta básica.
El pedido de los poderes coincide con el inicio de la campaña para las elecciones municipales del 8 de diciembre, que son consideradas por analistas como un examen a la gestión de Maduro y una prueba de popularidad del oficialismo a ocho meses de la muerte de la carismática figura de su líder, el fallecido Hugo Chávez.
Una vez aprobada la ley, el chavismo prevé una marcha por el centro de Caracas para entregarla a Maduro, quien deberá hacer “sus primeros anuncios” sobre las leyes, anunció el diputado oficialista Johnny Bracho.
Primera ley: límites a las ganancias
“La primera ley habilitante que vamos a sacar es la ley de límites a las ganancias. Es nuestra ley de costos, precios, ganancias y salarios”, anticipó el viernes el presidente Maduro en conferencia de prensa.
Esa norma esta definida en documentos oficiales distribuidos a la prensa como el “marco regulatorio que va a blindar el nuevo orden económico interno de transición al socialismo”.
Pero el jefe de Estado rechazó que se esté en camino hacia una colectivización de la economía. “La Constitución garantiza las más amplias libertades de actividad económica, no de especulación (...) Nuestro modelo socialista incluye la libertad económica en diversas actividades”, dijo.
Según lo anunciado por el vicepresidente Jorge Arreaza, los comercios venezolanos tendrán una fecha límite para reducir los precios de sus mercancías y serán sancionados los que reincidan en elevarlos.
La fecha en mención, será indicada por Maduro, indicó Arreaza, mientras miles de venezolanos seguían haciendo largas filas a las puertas de distintos locales.
La ofensiva, en el marco de los que Maduro denomina como una “guerra económica”, ya generó el rechazo entre gremios empresariales y comerciales, que advierten la agudización de productos y menor inversión en la ya golpeada economía del cuarto productor mundial de petróleo. “Vamos a tener un primer trimestre en 2014 bastante malo en inventarios de productos, en escasez y en inflación”, aseguró el presidente de la patronal Fedecámaras, Jorge Roig.
Oposición teme persecución
En el plano político, voceros de la oposición aseguran que los “superpoderes” podrían servir como mecanismo de “persecución política” contra disidentes del gobierno y han comenzado acciones para denunciarlo.
“Nos vamos a amparar en los recursos que nos permitan las leyes para impedir persecuciones políticas por parte de Maduro y sus principales actores del gobierno”, advirtió la diputada opositora Dinorah Figuera.
La petición de Maduro superó su primera prueba el jueves cuando fue aprobada en primera lectura por 99 votos, el mínimo número exigido por las leyes, cifra alcanzada luego de que la mayoría oficialista logró la remoción de la diputada opositora María Mercedes Aranguren por supuestos cargos de corrupción y su reemplazo por su suplente, Carlos Flores, que votó a favor.
Esta será la quinta Ley Habilitante que tiene el chavismo en 14 años en el poder de Venezuela, país en el cual todos los presidentes de los últimos 40 años han gozado de estos poderes especiales.
El profesor de economía de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, Ronald Balza, advirtió sobre los riesgos de centralizar las importaciones en un único proveedor.
“Esta no es una medida favorable porque la centralización en la toma de decisiones, de qué se va importar y qué no, que es lo que pretendería el gobierno, no garantiza que ese único importador no se vaya a equivocar. Una de las ventajas de la descentralización en todas las tomas de decisión es que se espera que no se equivoquen todos a la vez y eso diversifica el riesgo”, dijo Balza a la AP en entrevista telefónica.
Oposición: Poderes no servirán para nada
El líder de la oposición Henrique Capriles, quien perdió ante Maduro con menos del 2% de los votos en las presidenciales de abril, aseguró que los poderes especiales “no servirán para nada (...) Ellos lo controlan todo y no resuelven nada. Ellos solo quieren más poder”.
“El gobierno quiere hacernos creer que el problema económico es culpa de un grupito que especulaba, sin embargo, yo les pregunto ¿quién creen ustedes que tiene el poder sobre el petróleo, los dólares, la aduana, los aeropuertos, puertos e industrias?... ¿Quién controla la economía del país? El gobierno. Aquí el gobierno quiere hacernos creer otra cosa, pero la verdadera guerra económica es del gobierno”, dijo Capriles citado en una nota de prensa divulgada en un correo electrónico.
