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CIUDAD DE GUATEMALA, Guatemala
Al menos cuatro indígenas guatemaltecos murieron en un ataque armado en una localidad al oeste de la capital, donde pobladores se enfrentan entre sí por la construcción de una carretera y una planta de cemento, informaron este sábado bomberos y activistas.
'Se reportan cuatro fallecidos, una vivienda incendiada y varios heridos' por 'enfrentamientos' ocurridos desde la medianoche del viernes en una aldea del municipio de San Juan Sacatepéquez, unos 30 km al oeste de la capital, dijo a periodistas William González, portavoz de los Bomberos Voluntarios.
Según el diario Prensa Libre, fueron siete las personas fallecidas en los hechos sangrientos, cinco de ellos miembros de la misma familia.
De acuerdo con medios locales y activistas de derechos humanos, el choque armado ocurrió por conflictos entre pobladores debido al inicio de la habilitación de una carretera que atraviesa el poblado y la construcción de una planta cementera en el sector.
El dirigente campesino, Daniel Pascual, explicó a la AFP que tienen conocimiento que varios hombres armados dispararon contra pobladores que se oponen a ambos proyectos y señalaron a algunos de los agresores como empleados de la cementera.
'Fuimos informados por autoridades comunitarias sobre la presencia de gente armada y algunos fueron identificados como trabajadores de la empresa' que construye la planta de cemento, indicó Pascual.
De su lado, la activista humanitaria Claudia Samayoa, detalló en su cuenta de Twitter que las víctimas son 'presuntamente de la resistencia a la cementera'.
La firma guatemalteca Cementos Progreso inició en julio de 2013 las obras para construir una moderna planta en la finca San Gabriel, con una inversión de 720 millones de dólares, y se tiene previsto su funcionamiento para 2017.
Sin embargo, el proyecto ha dividido a los pobladores entre quienes apoyan a la empresa y los que aseguran que afectará las fuentes acuíferos y causará otros daños ambientales.
Esta zona ha estado durante varios años en conflicto y uno de los momentos más críticos fue en 2008, cuando se registró una muerte, la detención ilegal de policías y el intento de volar con explosivos un puente que une al pueblo con la capital.
Para controlar la situación, el entonces presidente Álvaro Colom decretó estado de excepción y envió medio millar de policías y soldados al lugar.
