En una auditoría practicada por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) a la Secretaría de Seguridad se confirmó el robo de armas de unidades policiales.
Producto de la auditoría financiera y de cumplimiento legal, practicada en el período comprendido del 1 de enero de 2006 al 31 de enero de 2010, se produjo el informe No. 008-2009-DASSJ-SSEG-A.
Entre los objetivos de la investigación destaca vigilar y verificar que los recursos públicos se inviertan correctamente. Asimismo, investigar, comprobar y sancionar el manejo incorrecto de los recursos del Estado y otros actos de corrupción.
El examen comprendió la revisión de las operaciones, registros y la documentación de respaldo presentada por el personal de las cinco direcciones que conforman la Secretaría de Seguridad.
Hallazgos
En el capítulo IV del informe se enumeran los hallazgos por incumplimiento a normas, leyes, reglamentos principios contables u otros.
El primero de los hallazgos se titula: 'Armas extraviadas en poder de personas particulares'. Sobre el particular el TSC recibió, registró e investigó la denuncia No. 0801-08-074, en contra de la Secretaría de Seguridad, por la pérdida de sesenta revólveres, tres pistolas y dos fusiles de diferentes marcas.
'Se procedió a la investigación respectiva, comprobando de manera fehaciente que dichas armas fueron extraviadas por efectivos de la Secretaría y que en la actualidad se encuentran matriculadas en el Registro Balístico de Armas de la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC) a nombre de personas particulares', señala el informe.
Sin embargo, el ente contralor recuerda que de acuerdo con la ley estas armas no pueden ni deben estar en poder de personas naturales, porque son propiedad de la Secretaría de Seguridad.
'Así están registradas en el inventario que presenta el comisionado de Policía Héctor Alfredo Villatoro González, director de Recursos Materiales del Directorio Estratégico de la Policía Nacional, pero en el mismo no se consignó el nombre de la persona responsable de la custodia de cada arma, lo cual imposibilitó determinar la responsabilidad de los funcionarios o empleados', lamenta el TSC.
Sobre el particular, el TSC le consultó al entonces ministro de Seguridad, Óscar Álvarez, quien contestó el oficio SEDS-SG-1258-2010, del 5 de julio de 2010.
'Se va a realizar una investigación exhaustiva sobre el extravió de las armas a través de la Dirección Nacional de la Policía Preventiva y así mismo proceder a efectuar la recuperación de las mismas, ya que forman parte del inventario de esta Secretaría', expuso álvarez. Al respecto, el TSC expone que 'la situación anterior es una revelación clara del descuido de los elementos policiales encargados de la custodia de las armas, al no tener los suficientes controles sobre las mismas'.
Por tal razón, el ente contralor enunció una recomendación al titular de Seguridad.
'Ordenar a la Dirección Nacional de Investigación Criminal por medio de Registro Balístico de Armas para que proceda a la recuperación de las 65 armas (revólveres, pistolas y fusiles) que están matriculadas a personas particulares como propietarias, mismas que pertenecen a la Secretaría de Seguridad', cita el informe.
