Esta semana será crucial para el Poder Judicial, en virtud de que el principio de independencia de los poderes del Estado será una vez más puesto a prueba.
El pasado 12 de diciembre, en horas de la madrugada, 97 diputados encabezados por su presidente Juan Orlando Hernández, asestaron un “golpe técnico” al Poder Judicial, al destituir de forma ilegal a cuatro de sus magistrados
por haber emitido un fallo en contra de la Ley de Depuración de la Policía.
Estos magistrados, que se pronunciaron en torno a los recursos interpuestos por los abogados Teodoro Salvador Ayala y óscar Adán Cálix, son: José Antonio Gutiérrez Navas, Gustavo Enrique Bustillo Palma, Rosalinda Cruz Sequeira y José Francisco Ruiz Gaekel.
En su lugar, luego de leerse un informe que fue elaborado por los diputados en menos de 24 horas, se procedió a juramentar de forma ilegal a los abogados Silvia Trinidad Santos, German Vicente García García, José Elmer Lizardo Carranza y Víctor Manuel Lozano Urbina.
Con esta abrupta determinación adoptada por los 97 diputados del Partido Nacional, Unificación Democrática, Democracia Cristiana y un ala del Partido Liberal, se creó una crisis en el Poder Judicial.
Y es que los cuatro destituidos afirman que se incorporarán a sus labores a partir de mañana, cuando el Poder Judicial retorna de vacaciones.
En tanto, diversos sectores de la sociedad han pedido a los cuatro magistrados considerados de “facto” que no asuman sus cargos para que no incurran en delito por usurpación de funciones.
En base a ley
El fallo contra la Ley de Depuración de la Policía, que fue usado como justificación para asestar el “golpe técnico” al Poder Judicial, tuvo una vigencia de seis meses y al momento del fallo ya no era aplicable porque no había sido prorrogada.
Esta ley establecía mecanismos para sacar de la Policía a miembros que no aprobaran las pruebas de confianza.
Estas pruebas, que son aplicadas por la Dirección de Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), son el polígrafo o detector de mentiras, toxicológica, psicométricas y patrimoniales.
La aplicación de las mismas, por parte de la DIECP, es legal, sin embargo, de acuerdo con el fallo de los magistrados, los resultados no podían ser usados como prueba definitiva o exclusiva para sacar a un policía de la institución.
Curiosamente, nueve días después del “golpe técnico”, (el viernes 21 de diciembre), EL HERALDO reveló en exclusiva que el Ejecutivo había aprobado los ascensos de 19 oficiales de policía que reprobaron alguna prueba.
“Pepe” se contradice
Ante la revelación, el ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, reconoció que estos policías tenían que ser vencidos en juicio mientras que el presidente Porfirio Lobo se justificó al confirmar los ascensos, dando la razón en sus consideraciones jurídicas a los magistrados destituidos.
“Tengan la garantía de que los que están ascendiendo aquí hoy, aunque algunos dicen que no pasaron la prueba del polígrafo, aunque fuese cierto, no hay ninguna duda, que si están allí es porque merecen estar ahí”, expresó el mandatario.
A renglón seguido, el gobernante vuelve a dar la razón a los magistrados destituidos.
“Se aplican varias pruebas, no solo una prueba, porque algunas, como el caso del polígrafo pueden fallar, pero esto sirve para iniciar un proceso de investigación”.
Curiosamente, ese argumento esgrimido por Lobo fue el negado a los oficiales que recurrieron en amparo ante la Corte Suprema de Justicia.
Estos oficiales destituidos, al recurrir al Poder Judicial, argumentaron que la Ley de Depuración les negó el derecho a la defensa, a ser vencidos en juicio, a la presunción de inocencia, el derecho al honor e imagen y la estabilidad laboral.
La Ley Orgánica
Cabe destacar que el 18 de diciembre, es decir, seis días después del “golpe” al Poder Judicial, los mismos diputados aprueban una serie de reformas a la Ley Orgánica de la Policía.
Estas reformas revisten importancia porque se incluyen en las mismas todas las consideraciones jurídicas que llevaron a su destitución ilegal a los cuatro magistrados.
Entre las reformas, que vienen a avalar el fallo de los destituidos, están: reprobar la prueba del polígrafo ya no será causal de despido inmediato para un policía.
La reforma ahora establece que se inicia un proceso de investigación y el policía tendrá derecho a la defensa.
En caso de ser reprobado en otras pruebas como psicométrica, toxicológica y socioeconómica, el policía puede ser dado de baja previa celebración de una audiencia de descargo.
Recurso sería declarado inadmisible
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se presentan mañana a sus labores después de permanecer varias semanas en receso en este poder del Estado.
Pero en lugar de 15, el Poder Judicial recibirá a 19 magistrados, incluyendo los cuatro que fueron destituidos por el Congreso Nacional y cuya acción consideran ilegal.
Estos magistrados interpusieron un recurso de amparo ante la Sala Constitucional.
En el escrito plantean que este recurso no sea conocido por los cuatro magistrados a quienes consideran “de facto” ni por Óscar Chinchilla.
El inconveniente radica en que siete magistrados se pronunciaron, mediante comunicado, en contra de la acción del Congreso y el presidente del Poder Judicial también emitió declaraciones al respecto.
Esto crea un vacío en el Poder Judicial para conocer este recurso, al no haber magistrados habilitados para ello.
Fuentes a las que tuvo acceso EL HERALDO aseguran que el fallo sería declarado inadmisible, bajo el argumento de que el mismo debió interponerse ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo.
Los magistrados que deben la admisibilidad o no de este recurso, no han sido nombrados todavía.
Según lo informado, con estos magistrados que buscan su reintegro se buscaría un arreglo administrativo, aunque los propios perjudicados han afirmado que, si en las instancias nacionales no hay justicia, acudirán al ámbito internacional.
