Las autoridades del Ministerio Público (MP) iniciaron de oficio una investigación por la construcción del puente de la Costa de los Amates, Valle, obra que se derrumbó antes de ser inaugurada.
El expediente lo abrió la Fiscalía contra la Corrupción con el fin de identificar a los responsables por las pérdidas económicas en que incurrió el Estado en el referido proyecto.
El gobierno suscribió un contrato con la empresa Sermaco para la construcción del puente, y con la compañía ASP para la supervisión de la obra.
La vía de comunicación a finales del mes de junio colapsó con las primeras lluvias, lo que generó dudas sobre la calidad de la construcción.
La inversión en el acceso de cemento fue de 27 millones de lempiras.
“Se abrió un expediente investigativo para determinar si ha habido algún tipo de responsabilidad tanto en la construcción como en las actuaciones de los funcionarios al momento en que no tomaron las medidas suficientes para que ese puente no sucumbiera”, expresó el fiscal especial contra la Corrupción, Henry Salgado.
Las diligencias dieron inicio con la recabación de evidencia probatoria que acredite los posibles delitos y quiénes los habrían cometido.
Entre las pruebas que se recolectan están las de tipo documental y testifical. Asimismo, involucran inspecciones donde sucumbió el puente.
“Se analiza quiénes lo construyeron, quiénes lo aprobaron o quiénes decidieron la forma de construcción, si son funcionarios o es de forma exclusiva un error de la compañía”, manifestó el fiscal especial.
La Fiscalía investiga una serie de delitos ligados a actos de corrupción, entre ellos una malversación de caudales públicos, fraude o violación a los deberes de los funcionarios.
Negligencia
De acuerdo con la Fiscalía contra la Corrupción, se certifica que el Estado incurrió en daños millonarios por una supuesta negligencia.
“Hay daños ocasionados en el sentido de que se aprobó una supervisión, un diseño, por el Estado”, expresó.
A pesar de que la construcción del puente era un proyecto denominado “llave en mano, obra entregada, obra pagada”, la Fiscalía conoció que el gobierno habría efectuado erogaciones previas.
Para sustentar la investigación, la Fiscalía estará a la espera del informe de auditoría que en la actualidad realiza el Tribunal Superior de Cuentas (TSC). Además, esta Fiscalía tomará en cuenta informes técnicos elaborados por Soptravi, la comisión de Obras Públicas del Congreso Nacional y el Colegio de Ingenieros Civiles.
“Hemos empezado a evaluar todos estos informes para tomar una decisión sobre si hay una falta administrativa o penal”, puntualizó.
La Fiscalía instó a las autoridades y responsables de este tipo de obras de infraestructura a adoptar medidas más efectivas para evitar pérdidas que perjudican a los ciudadanos. En la zona los problemas continúan por la falta de un puente de acceso a varios caseríos.
