Tegucigalpa, Honduras
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ya recibió el informe de parte del Congreso Nacional en torno al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Comité de la Libre Expresión (C-Libre), contra el artículo 335-B del Código Penal.
En consecuencia, dicho dictamen del Poder Legislativo fue enviado al fiscal de despacho para que en el término de seis días la Sala Constitucional emita su opinión correspondiente.
Días atrás la Sala Constitucional de la CSJ admitió un recurso de inconstitucionalidad contra dicho artículo, que limita la libertad de expresión a los periodistas en Honduras.
El artículo establece que incurre en apología del odio e incitación de actos de terrorismo, quien públicamente o través de medios de comunicación o difusión destinados al público hiciere apología, enaltecimiento o justificación del terrorismo o de quienes hallan participado en su ejecución, o incitare a otro u otros a cometer terrorismo o financiamiento de este, será sancionado con pena de cuatro a ocho años de prisión.
El Ministerio Público emitió anteriormente su opinión en relación con el artículo 335-B e indicó que este violenta la libertad de expresión.
Por otra parte, el Congreso Nacional está a la espera de que el Poder Judicial remita su opinión sobre si es conveniente derogar o no dicho artículo. Aunque el simple hecho que la Sala Constitucional haya admitido dos recursos de inconstitucional da lugar a pensar que este será derogado desde la Sala Constitucional.
