TEGUCIGALPA, HONDURAS-. La detención de 29 agentes activos de la Policía Nacional, en menos de cuatro meses del 2024, genera más dudas e incertidumbre, que la misma confianza que debería de tener la ciudadanía en la institución policial.
Vinculados a delitos graves como secuestros, robos y dolos ligados con abusos sexuales, los uniformados capturados y con procesos judiciales vigentes, evidencian que un número considerable de servidores policiales lo que menos hacen es servir y proteger.
Entre las detenciones más mediáticas está la aprehensión de siete elementos de la Dirección Policial de investigaciones (DPI), el 24 de enero, acusados de robar 14 millones de lempiras a un ciudadano, al efectuar un falso operativo en una zona residencial de San Pedro Sula.
Siempre en la ciudad industrial, el 11 de abril, ocho agentes de la DPI fueron detenidos por raptar a un vendedor de vehículos, amenazarlo a muerte y luego pedirle una fuerte suma de dinero a cambio de dejarlo en libertad.
Y los últimos en ser capturados por sus propios compañeros de armas, son cinco policías asignados a la División de Seguridad del Transporte Urbano (DSTU), señalados de cinco delitos, entre ellos el de secuestro agravado.
¿A qué se debe?
Saúl Bueso, versado en derecho, es del criterio que “el crimen ha permeado las instituciones de seguridad y por otro lado hemos perdido la ética y la moral dentro de las instituciones”.
Bueso considera que, “dentro de la Policía no se está realmente formando policías, como tales, sino, que solamente se está formando personas que puedan utilizar un arma para salir a la calle”.
De los 29 policías apresados durante ese año, todos siguen presos, sometiéndose a cada una de las etapas judiciales.
