España hace algo valiente

Por Omar G. Encarnación / The New York Times

La nueva ley de amnistía de España, que va camino a ser instituida después de ser aprobada por el Congreso en diciembre, ha provocado un gran alboroto. Decenas de miles de personas han salido a las calles para protestar contra la ley —que otorga un indulto general a cientos de políticos, funcionarios públicos y ciudadanos comunes y corrientes atrapados en el referéndum ilegal sobre la independencia catalana en octubre del 2017— y la mayoría de los españoles se oponen a ella. Muchos comentaristas y políticos, principalmente de derecha, han argumentado que la amnistía debilita el Estado de derecho y pone en peligro la democracia española.

Gran parte del enfado se deriva de cómo se llegó al acuerdo de amnistía. Pedro Sánchez, el Primer Ministro socialista, prometió durante su campaña electoral el año pasado que no habría una amnistía general, a pesar de que había indultado a nueve separatistas catalanes en el 2021. Pero después de que un resultado electoral no concluyente dejó a Sánchez necesitando el apoyo de los partidos separatistas de Cataluña para asegurar la mayoría parlamentaria, cambió su enfoque e introdujo la ley. El hecho de que también se aplique al enemigo público número 1 de España —Carles Puigdemont, el ex líder catalán que autorizó el referéndum y ha estado prófugo de la justicia española desde el 2017— solo intensificó el mal sabor de boca.

Sin embargo, pese al hedor a oportunismo político que flota en torno al acuerdo de amnistía de Sánchez, éste es un intento audaz —incluso valiente— de poner fin a la crisis catalana y ofrece una salida a un impasse perjudicial para España. También da testimonio del papel positivo que las amnistías pueden desempeñar en las democracias. En nuestra era, definida por la impunidad y el retroceso democrático, la amnistía podría parecer un paso hacia atrás. Pero siempre debería ser una opción disponible para los líderes para afrontar momentos de crisis. Nada se le acerca ni remotamente para promover la paz y la reconciliación.

Las amnistías políticas tienen una larga y noble historia que se remonta por lo menos al asesinato de Julio César en el año 44 a.C., que llevó al filósofo Cicerón a pedir al Senado romano que consignara la memoria del asesinato al olvido perpetuo. En tiempos más recientes, las naciones han dependido de la amnistía para encontrar una salida a sus dificultades políticas y, aunque sea de manera imperfecta, seguir adelante. La Ley de Indemnización y Olvido de 1660 acompañó el final de la Guerra Civil inglesa, parte de la reconstrucción de la Restauración Inglesa. En Estados Unidos, la Ley de Amnistía de 1872, que eliminó la mayoría de las penas impuestas a los ex confederados, incluyendo la prohibición a elegir o renovar el nombramiento de cualquier persona que hubiera participado en insurrección, rebelión y traición, contribuyó a la Reconstrucción.

La amnistía jugó un papel destacado en derrocar el régimen de apartheid de Sudáfrica. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación, establecida en 1995, intercambió verdad por justicia al conceder amnistía procesal a quienes estuvieran dispuestos a testificar plenamente. La amnistía, en la forma de liberación de prisioneros, también fue parte del Acuerdo del Viernes Santo de 1998, que puso fin a tres décadas de violencia en Irlanda del Norte conocida como “los Problemas”.

Menos conocido es que una amnistía política inició la transición de España hacia una democracia plena después de 40 años de gobierno autoritario. La Ley de Amnistía de 1977 abarcó a todos los presos políticos, incluyendo a los nacionalistas catalanes y vascos, así como a los miembros del régimen de Franco. Esta ley es considerada la piedra angular de la democratización española. Además de poner un fin simbólico a la Guerra Civil Española, permitió la mayoría de los compromisos políticos contenidos en la Constitución de 1978 —incluyendo la incorporación de la monarquía española a un marco democrático, la separación de iglesia y Estado, y la cláusula que permitía la partición del territorio español en regiones autogobernantes.

La amnistía de 1977 tuvo una desventaja. Ayudó a ocultar el Holocausto español, la ola de represalias políticas emprendidas por el General Francisco Franco contra los republicanos derrotados al final de la guerra civil, incluyendo miles de ejecuciones y la creación de campos de concentración y de trabajos forzados donde muchos prisioneros murieron de negligencia y desnutrición. España finalmente abordó esta oscura historia en el 2007 con la Ley de Memoria Histórica, que ofreció reparaciones a las víctimas. Pero la amnistía para el antiguo régimen se mantuvo. Todos coincidieron en que era necesario para poner punto final al pasado.

Es desalentador que muchos de los que se beneficiarán de la ley de amnistía catalana no hayan mostrado remordimiento alguno por sus acciones. Puigdemont no se arrepiente y su partido, Juntos por Cataluña, o Junts, no ha descartado celebrar otro referéndum ilegal. Pero los beneficiarios más importantes de la nueva ley no son los separatistas radicales que violaron la Constitución española, sino la mayoría de los catalanes y españoles que quieren dejar atrás el drama separatista. Esta amnistía es para ellos, aunque ahora quizás no lo vean así.

Es probable que la ley de amnistía refuerce la estabilidad política en Cataluña. Socava el argumento entre algunos separatistas de que Madrid es incapaz de clemencia y de ceder y, a medida que disminuye el apoyo a la independencia catalana, la amnistía también permitirá a España mostrar al mundo, consternado por la violencia que acompañó al referéndum, que está dando vuelta a la página.

Omar G. Encarnación es profesor de política en el Bard College del Estado de Nueva York y autor de “Democracia Sin Justicia en España”. Envíe sus comentarios a intelligence@nytimes.com.

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