En el primer año de gobierno de Xiomara Castro Sarmiento existen suficientes elementos para realizar una primera aproximación de la gestión económica efectuada por la primera mujer presidenta de Honduras, aunque algunos aspectos de esta son difíciles de apartar de su orientación política. En general, su gestión empezó generando expectativas que para cualquiera hubiesen sido casi imposible de atender en tan solo 365 días, especialmente por la coyuntura económica que vivimos a nivel mundial el año 2022, y que se vio agravada por la persistente corrupción y una estructura institucional que continúa siendo un pesado obstáculo para lograr mayores avances en favor de la población hondureña.
Así las cosas, este primer año estuvo marcado tanto por aspectos positivos como por otros abiertamente negativos. Entre los primeros sobresalen el haber rebajado diez Lempiras al precio de los combustibles, un subsidio para los hogares que consumen igual o menos de 150 kWh por mes de electricidad, el subsidio del 50% al diésel y el congelamiento del precio del LPG. Entre los segundos están no ofrecer alternativas ante la derogación del empleo por hora y la inconstitucionalidad de la ley de protección social, que representaron onerosas pérdidas para los obreros afiliados al RAP y para el IHSS.
Tres conductas que debemos lamentar, porque nos amenazan a todos, residen en la indiferencia y hasta hostilidad manifestada en relación con la empresa privada, y el innecesario enfrentamiento con la Embajada Americana en Honduras, sin importar que aquellos son los mayores creadores de empleo y la última representa a nuestro principal socio comercial, y la fuente que proporciona la mayoría de las remesas familiares que tanto necesitamos. Además, el coqueteo con China Continental no augura nada bueno en el corto plazo.

Un intento de evaluación de los primeros doce meses del gobierno presidido por la presidenta Xiomara Castro en materia de transparencia concluye que en algunas áreas si ha ocurrido una informacion pormenorizada respecto a lo heredado del anterior regimen, en materias como corrupción e impunidad, deuda interna y externa, destrucción de documentación oficial, violaciones a los derechos humanos, tasa de seguridad, redes delictivas.
En otros rubros no ha habido suficiente divulgación de la gestión gubernamental, por ejemplo, en el contenido del Presupuesto General de Ingresos y Egresos y las asignaciones presupuestarias prioritarias, desglosadas, en la política exterior respecto al nombramiento de diplomáticos y apertura de relaciones con otras naciones, en las relaciones con las Fuerzas Armadas y la sociedad civil, en las negociaciones con otros partidos políticos para el nombramiento de nuevos magistrados que integrarán la Corte Suprema de Justicia, en el estado deficitario de empresas públicas, particularmente la ENEE y Hondutel, las deudas con los proveedores privados de energía y el desabastecimiento de medicamentos.
Es de esperar, y así lo espera la ciudadanía, que en este segundo año de gobierno se implemente un incremento y mayor frecuencia en el rendimiento de cuentas, sin incurrir, como ocurrió anteriormente, en una innecesaria y contraproducente secretividad. Ello contribuirá a una mayor credibilidad del actual gobierno, igualmente a un mayor grado de identificación entre gobernante y gobernados.

Si habláramos de esos derechos humanos de Primera Generación, que fueron los primeros que exigió y formuló el pueblo en la Asamblea Nacional durante la Revolución francesa, es probable que encontremos algunos rasgos de estos en la presente administración de Xiomara Castro; por lo menos, no hay hechos que demuestren que se haya reprimido y condenado la protesta social. No obstante, hay signos de una cierta intolerancia política, desde la militancia del partido gobernante que han derivado en actos de violencia.
El problema se agudiza cuando se hace referencia a los derechos de Segunda Generación, que son los referidos a los derechos económicos, sociales y culturales. En este caso los avances son nulos, la población sigue viviendo en condiciones precarias, con un desempleo elevado, tanto que, de los cuatro millones de personas que conforman la fuerza de trabajo, cerca del 70% tiene problemas de desempleo y subempleo y apenas el 30% goza de una cierta estabilidad laboral. Otro tanto se puede decir de la atención básica en salud y educación. La carencia de medicamentos, la deficiente atención médico-hospitalaria, ausencia de laboratorios y equipo especializado, hacen que la esperanza de vida sea una de las más bajas en la región. En el caso de la educación, la situación no es menos grave, con programas de estudios obsoletos, condiciones físicas inadecuadas y un personal docente con baja formación, hacen que la educación muestre enormes deficiencias.
En Honduras existe un 74% de la población viviendo en condiciones de pobreza, siendo más delicada esta situación en las zonas rurales y en los grupos étnicos, mismos que viven en las zonas más postergadas de la geografía nacional. Existe duda que se puedan superar los derechos humanos, mientras subsistan las condiciones históricas estructurales que explican el origen de las deprimentes condiciones de vida de los hondureños.

Las expectativas son las mismas de hace un año: un gobierno avalado por un amplio caudal de votos y dirigido por una mujer tendría que ser diferente. Para empezar, la igualdad de oportunidades y la equidad tendrían que ser un faro.
Educación, salud, seguridad y justicia, como tareas fundamentales de gobierno, tendrían que mostrar alcances en este año. En las tres primeras, ni siquiera se han realizado en ninguna de las cuatro áreas, los procesos mínimos para ejecutar planes visionarios que indiquen que vamos a superar estadios tan deprimidos. Solo diletancia, incapacidad y arrogancia, no sirven para nada. Y en justicia se está bajo la amenaza de que en otro desafuero como el exhibido por la presidenta Castro en los bajos del Congreso Nacional antes de asumir su cargo al llegar a imponer la junta directiva del Congreso Nacional (aún en la ilegalidad), intente otro embate al Estado de derecho al pretender imponer la Corte Suprema de Justicia.
Los aciertos de este gobierno, la gestión efectiva de unos pocos de sus funcionarios, las buenas intenciones de la mayoría, quedan invisibilizadas por la incoherencia, el nepotismo, el fomento a la corrupción con medidas inconstitucionales para la discrecionalidad en compras y la partida confidencial de la presidenta, a la que un nuevo nombre no le cambia su opacidad. En general la apropiación del erario como caja chica es repudiable. Hasta ahora, este gobierno, con la rebaja de la luz y el subsidio a los combustibles, no se reivindica. Lucen muy parecidos a sus antecesores, tal cual como lucían en la administracion del presidente Zelaya: propensos al desorden, a la corrupción y al rechazo al Estado de derecho.
Fui de las que al ser electa la presidenta Castro acepté como ciudadana el veredicto popular y elegí creer que sería diferente. Aún sigo esperando que lo haga, que asuma su cargo. Se entiende su amor de madre y esposa, Pero no se le eligió para vivir en la frivolidad sino para gobernar ella, no los hombres de su familia.

La pequeña y mediana agricultura y la ganadería necesitan urgente rehabilitación y reactivación económica, asistencia técnica efectiva que permita la productividad y competitividad generar empleos para contrarrestar la pobreza y el hambre, alcanzar altos y estables niveles de soberanía y seguridad alimentaria que permitan tranquilidad y paz social y crecimiento económico.
Debido a la débil inversión, ausencia de modernidad tecnológica, deficiente producción y el incremento considerable de las importaciones de insumos para la agricultura ha potencializado la pobreza y estimulado la emigración.
El gran reto es la reducción del hambre, el incremento de empleos y disminución de la pobreza, 73% de los hogares rurales y urbanos son pobres, y el 53% se encuentran en extrema pobreza. Enfrentar estos desafíos implica concentrar la asignación de recursos en temas sociales estratégicos. Pues, se llama a producir alimentos, pero el problema no está en producir alimentos, el problema está en la imposibilidad de la población pobre acceder a ellos, porque no tienen empleos e ingresos para poder sostenidamente comprar los alimentos.
Es oportuno habilitar la capacidad productiva de los pequeños productores, fortalecer la agricultura familiar, evitar la politización para no echar a perder las estrategias de desarrollo, impulsar las inversiones y el crecimiento económico mediante la expansión de oportunidades productivas. Existen excelentes políticas para desarrollar sosteniblemente el sector agroalimentario y el medio rural, lo mismo que propuestas para el crecimiento agrícola y la superación de la pobreza y el hambre, innumerables programas y proyectos para enfrentar los desafíos rurales, pero que, de no existir el puente que lleve los beneficios de todas estas estrategias a la población objetivo, todo esfuerzo se diluye. Por lo tanto, el factor humano es vital para el logro de estos planes, propósitos y metas.