Partido Nacional: captura de Nelson Márquez es estrategia de Libre para poner a Ochoa frente al CNE

Tegucigalpa, Honduras.- Catalogando la captura del diputado nacionalista Nelson Javier Márquez Euceda como una "extorsión judicial", Tomás Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional, aseguró que el Partido Libertad y Refundación (Libre) está buscando la caída de sus líderes para posicionar a Marlon Ochoa como presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE).

En una conferencia de prensa, Zambrano se refirió al caso del subjefe de bancada nacionalista, asegurando que el partido rojo y negro está desesperado por tomar las riendas políticas del país, incluyendo los procesos electorales.

"La acción de hoy es una clara extorsión judicial con la que Libre pretende forzar a la oposición para quedarse con la presidencia del Consejo Nacional Electoral (CNE), a favor de Marlon Ochoa", dijo sobre el requerimiento de Márquez.

El jefe de bancada nacionalista condenó que Libre está extorsionando a la oposición, "prácticamente poniéndole una pistola en la cabeza a los principales líderes", y aclaró que no solo del Partido Nacional, sino también del Partido Liberal.

Esta tarde, el Ministerio Público (MP) presentó un requerimiento fiscal contra el diputado Nelson Javier Márquez Euceda, quien, junto a una red de exfuncionarios públicos, abogados y jueces, es acusado por los delitos de fraude y falsificación de documentos. Márquez y otros tres implicados ya fueron capturados.

Segundos después, comenzó a circular la fotografía del momento de su arresto, en la que se observa al congresista vestido de traje, dirigiéndose hacia las instalaciones del Congreso Nacional, a pocas horas de una sesión ordinaria programada para este lunes, donde se estaría tratando el tema de la ampliación del sistema Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

Desde el Partido Nacional, esta acción fue catalogada como una "extorsión judicial" por parte del partido Libre, pues a tan solo cuatro meses de las elecciones generales, "Libre está desesperado. Esa desesperación los está llevando a tomar medidas radicales, como lo que hoy consideramos una extorsión judicial contra la oposición política", señalaron.

Argumentaron que el pasado domingo, luego de que el Partido Nacional convocara a una marcha pacífica en defensa de la democracia y del proceso electoral, "Nelson Márquez encabezaba esa movilización junto al próximo presidente de Honduras".

“No es casualidad que, tras la marcha del domingo —donde más de 500 mil cachurecos salieron a exigir elecciones libres y democráticas, y a pedirle al gobierno socialista que respete la voluntad del pueblo—, hoy se capture a Nelson Márquez”, expresó Tomás Zambrano.

Nelson Márquez, subjefe de bancada del Partido Nacional (PN) en el Congreso Nacional (CN), es acusado únicamente por el delito de fraude, por lo que se ordenó y ejecutó su captura.

El caso se remonta al año 2000, el Estado hondureño otorgó un contrato a la empresa DRC Inc., no autorizada para operar en el país, la cual subcontrató ilegalmente a NAINSA. Años después, ambas empresas presentaron demandas fraudulentas basadas en un laudo arbitral sin validez legal, buscando obtener pagos millonarios del Estado mediante un acuerdo confidencial que fingía separación entre ellas.

A través de procesos arbitrales irregulares, incluyendo documentos falsos y un reglamento no oficial, lograron sentencias favorables.

En 2019, NAINSA presentó una nueva demanda basada en ese mismo laudo nulo, que fue admitida por la jueza Irissabel Miranda.

Un año después, en 2020, Nelson Márquez, entonces secretario de la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS), recomendó un acuerdo extrajudicial con NAINSA, pese a conocer la ilegalidad del laudo. Aunque se aprobaron fondos para pagar, no se cumplió lo pactado y se generó otra demanda, nuevamente admitida.

La investigación señala que los implicados se beneficiaron directamente de los fondos públicos mediante depósitos a cuentas personales, pagos de hipotecas y transferencias a terceros.

Además, se detectaron ausencias injustificadas en audiencias clave y participación de jueces y funcionarios que conocían la nulidad del laudo, pero continuaron ordenando pagos al margen de la ley.