TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La admisión de un escrito en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), a favor de Sergio Rodríguez Orellana, uno de los implicados en el crimen de la ambientalista Berta Cáceres, puede acarrear graves consecuencias al Estado hondureño.
En la demanda, Rodríguez Orellana, exhorta a la Corte-IDH a investigar violaciones de derechos humanos en su contra en la acusación que le emprendió la Fiscalía por el asesinato de Cáceres.
Abogados penalistas advirtieron que Honduras será condenada nuevamente porque existen indicios de violaciones durante el proceso iniciado a Rodríguez Orellana.
“La Corte no va a admitir algo solo por admitirlo. Todo lo que admite lo estudia y él va a ganar ese caso y Honduras será condenada”, alertó el abogado penalista Marlon Arévalo.
Dijo que “se presentó una denuncia con tres puntos y se le admitieron dos, pero lo primordial es que en ese caso se hicieron un peritaje donde montaron pruebas y eso lo van a lograr probar internacionalmente y cuando lo prueben esta persona va a recobrar su libertad y el Estado de Honduras deberá pagar una indemnización multimillonaria”.
Durante el juicio en el que fue condenado Rodríguez Orellana, a criterio de Arévalo, “no presentaron las conversaciones completas, sino que fueron manipuladas porque Honduras no tiene ningún perito certificado para poder hacer este tipo de peritajes”.
Recientemente, la Corte-IDH condenó al Estado de Honduras a pagar una millonaria suma de dinero por la separación ilegal de cuatro magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en 2012.
Fallos inadecuados
De su lado, el también abogado penalista, René Altamirano, aseveró que con la admisión de la queja solamente evidencia que cuando hay intereses y presionan a los jueces “dictaron fallos que no eran adecuados”.
“Estas demandas al final tiene que pagarlas a todos los hondureños, es perjudicial. Eso no es bueno para nadie”, afirmó.
Reiteró que en una condena “cuando hay una falla del Estado o de cualquier funcionario el responsable es el Estado, pero el que paga es la población y eso es lo que nadie quisiera”.
Altamirano dijo que “la justicia debe ser imparcial e igual para todos, eso es lo que nos puede llevar a que la gente tenga confianza en el Estado, en la impartición de justicia, en que funcione el sistema”.
El 29 de noviembre de 2018, Rodríguez Orellana y otras siete personas fueron encontrados culpables por el crimen de la ambientalista Cáceres. El 2 de diciembre de 2019 fue condenado a 30 años y seis meses de reclusión.
