Interminable crisis en el Bajo Aguán

Ante la falta de acciones contundentes por parte del Estado, la conflictividad en la zona del Bajo Aguán no ha dejado de crecer con los años. La presencia de invasores, usurpadores, grupos armados, bandas criminales y el narcotráfico lo vuelven un lugar complejo e inseguro jurídicamente, así como para la vida de los pobladores.

El Valle del Aguán, ubicado en la costa norte, es una planicie de aproximadamente 765,000 hectáreas, pero su lugar más crítico es el Bajo Aguán, situado en el departamento de Colón; aquí las disputas por tenencia de la tierra son un problema viejo y sangriento sin mayor atención.

Miguel Alonzo Macías, en su libro “La capital de la contrarreforma agraria: el Bajo Aguán”, describe que en este sector se operó una concentración de la tierra a partir de los cambios en la legislación agraria, en particular con la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola de 1992, que permitió la pérdida de tierras de los campesinos, logradas con las reformas de los años setenta del siglo XX, generándose luego una concentración en manos de pocos terratenientes dedicados al cultivo de la palma aceitera.

Asimismo, en 2018, otra investigación de Daniel Villafuerte Solís señala que el Bajo Aguán presenta un conflicto agrario de larga data por la ocupación de 11,000 hectáreas cultivadas con palma aceitera.

Algo muy visible aquí es que los denominados campesinos no invaden tierras incultas, sino que se apoderan de fincas en producción, cuyos dueños han sacado millonarios préstamos para ponerlas a producir.

Actualmente se habla que en este territorio más de doce mil hectáreas de cultivos de palma africana están invadidas y los afectados exigen que el gobierno haga efectivas las órdenes de desalojo. Ante la incapacidad del Estado para imponer en la zona la ley y la justicia, los invasores y sus conexiones oscuras están muy cómodos disfrutando del ambiente de impunidad.