¿Puede Donald Trump acabar con la ciudadanía por nacimiento? Esto sabemos

La polémica por la orden ejecutiva que firmó el presidente Donald Trump en su primer día de mandato ha causado muchas dudas entre las personas. Aquí le brindamos todos los detalles que debe saber sobre la ciudadanía por nacimiento y lo que mandatario puede o no hacer.

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La ciudadanía por nacimiento es un derecho consagrado en la 14ª Enmienda, ratificada en 1868 después de la Guerra Civil, para garantizar la ciudadanía para todos.

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Según la Constitución la ley de ciudadanía estadounidense se basa en dos principios tradicionales: “jus soli”, o derecho del suelo (la ciudadanía se adquiere por el lugar de nacimiento) y “jus sanguinis”, o derecho de la sangre (la ciudadanía se adquiere a través de la ciudadanía de los padres).

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De acuerdo con la orden ejecutiva de Donald Trump, firmada a pocas horas de asumir su segundo mandato como presidente de Estados Unidos, la enmienda ha sido interpretada erróneamente y por eso quiere cambiarlo, pero para hacerlo deben ocurrir muchas acciones.

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Un presidente no puede derogar una sección de la Constitución firmando una orden ejecutiva, ni el Congreso puede derogarla aprobando un nuevo proyecto de ley, asegura Telemundo.

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De acuerdo con las leyes de Estados Unidos modificar la Constitución requeriría dos tercios de los votos tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, y también la ratificación de tres cuartas partes de los estados.

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Según el Centro Nacional de la Constitución: “Cambiar las palabras reales de la Constitución requiere una enmienda, al igual que eliminar o derogar una enmienda. Incluyendo las primeras 10 enmiendas, la Declaración de Derechos, que fueron ratificadas en 1789, el historiador del Senado estima que se han propuesto aproximadamente 11,699 cambios de enmienda en el Congreso hasta 2016. Solo una enmienda, la 18ª Enmienda que estableció la Prohibición, fue posteriormente derogada por los estados”.

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Por lo que la orden del mandatario quedará paralizada hasta que se cumpla con el protocolo que dicta la ley.

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Un grupo de 18 estados con gobiernos demócratas interpusieron el martes 21 de enero una demanda en contra del presidente Donald Trump en oposición a su intento por acabar con la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos a través de una orden ejecutiva.

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El texto alega que el decreto presidencial es “ilegal” y atenta contra la Constitución, ya que en la Enmienda 14 se establece que toda persona nacida en suelo estadounidense obtiene automáticamente la nacionalidad, independientemente del estatus migratorio de sus padres.

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El decreto de Trump, firmado por el republicano horas después de asumir su puesto, establece que las personas nacidas en EE.UU. de padres indocumentados o con un estatus legal “temporal”-como una visa de trabajo o turista- no podrán obtener la ciudadanía estadounidense.

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En el recurso legal, los estados - incluyendo Nueva York, Colorado, California y las ciudades de Washington y San Francisco- aseguran que el presidente “no tiene autoridad para reescribir o anular una enmienda constitucional” y señalan que, de ser implementada este medida, causaría un daño “inmediato e irreparable” a los residentes de sus jurisdicciones.

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No existen cifras exactas sobre el número de niños nacidos en EE.UU. de padres indocumentados. Según los datos más recientes del centro de investigación Pew, en 2022 había aproximadamente 1,3 millones de adultos estadounidenses cuyos padres carecían de estatus legal en el país.

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Un informe de 2018 del Servicio de Investigación del Congreso, un instituto sin afiliación partidista, recoge que actualmente la interpretación actual de la Enmienda 14 de la Constitución implica que los hijos de inmigrantes indocumentados son ciudadanos estadounidenses.

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Sin embargo, el estudio advirtió que el Tribunal Supremo “no ha zanjado firmemente la cuestión en la era moderna”, por lo que posibles desafíos legales podrían modificar la interpretación actual.

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