Tegucigalpa

Diputados deberán responder por Ciudad del Ángel

Defensa anunció que interpondrá un recurso de apelación contra la resolución judicial.

03.12.2014

Tegucigalpa, Honduras

Auto de formal procesamiento con medidas sustitutivas a la prisión declaró este miércoles un juez natural en contra de dos diputados al Congreso Nacional de Honduras, involucrados en el fallido proyecto residencial Ciudad del Ángel.

El juez determinó dar curso al proceso judicial incoado por la Fiscalía del Consumidor y demandantes privados contra los diputados Nelson Abdalah Ghawi y José Boris Espinal Ponce, así como en contra de David Alberto Mejía Valdivieso.

Abdalah es acusado por 21 delitos de abuso de autoridad, mientras Espinal Ponce y Mejía Valdivieso, son señalados por evasión a los deberes de los funcionarios.

El expediente en poder de la Corte Suprema de Justicia de Honduras establece que Nelson Abdaláh Ghawi, actual diputado del Partido Nacional, y el suplente del Partido Innovación y Unidad (Pinu), José Valery Boris Espinal Ponce, se desempeñaron como director de Ordenamiento Territorial y técnico asignado a la Unidad de Gestión Ambiental (Ugam), de la alcaldía municipal, respectivamente, cuando se aprobaron los permisos de construcción de Ciudad del Ángel.

Por su parte, David Alberto Mejía Valdivieso fue director de la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA) de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente de Honduras (Serna), dependencia estatal encargada de otorgar los permisos ambientales para la edificación de proyectos habitacionales.

La residencial Ciudad del Ángel, ubicada en el norte de la capital de Honduras, fue declarada inhabitable por la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), a causa de una falla geológica que atraviesa la zona y que ha derribado varias de las viviendas.

Los tres imputados tienen prohibido salir de Honduras y presentarse periódicamente al juzgado.

Los abogados defensores de los dos diputados y el exfuncionario anunciaron que presentarán un recurso de apelación contra la resolución del juez, de la cual afirmaron carece de fundamento.

El casó será conocido por una corte especial de apelaciónes, que deberá ser integrada por magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Honduras.