El establecimiento de un criterio uniforme para el manejo de las actuaciones de las maras y pandillas por los gobernantes y las fuerzas de seguridad de Guatemala, El Salvador y Honduras son las dos alternativas para el combate de esta problemática que sigue en ascenso, particularmente en estas naciones del Triángulo Norte de Centroamérica, donde tienen mayor incidencia.
Así lo propuso el reverendo, Mario Fumero, quien afirmó en una entrevista exclusiva con EL HERALDO que 'lo más importante sería que Honduras, El Salvador y Guatemala que es el eje principal de las maras, los gobernantes y las fuerzas de seguridad de estos países se pusieran de acuerdo para establecer un criterio uniforme en cuanto a manejo de la actuación de los grupos antisociales'.
Si hay una coordinación entre los tres países ellos -pandilleros- no van a encontrar refugio ni en uno ni en otro, porque se aplicarían las mismas medidas en esos lados', agregó.El fundador y asesor del Proyecto Victoria aseguró que no se puede esperar que un gobierno en el término de cuatro años pueda poner orden a un fenómeno social que tiene entre 12 a 15 años de estarse incubando en sociedades de la región.
Recientemente, se hizo el lanzamiento de la Fuerza de Intervención y Recuperación Territorial (FIRT), una unidad antipandillas integrada por 600 efectivos del Ejército y 200 policías que están siendo desplegados en 81 sectores de los diez municipios del territorio salvadoreño con mayores índices de violencia.
Mientras que en suelo catracho se anunció la intensificación de las labores de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina) para evitar el ingreso de mareros por los puntos fronterizos así como de la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA) para la lucha en contra del cobro del denominado impuesto de guerra que ha generado el cierre masivo de negocios y empresas a nivel nacional.
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Reacciones negativas
Fumero indicó que 'Honduras ha vivido muchos años en desorden y sigue viviendo en desorden, de manera que cuando se trata de poner orden dónde sea que lo vaya a poner porque hay violación, las reacciones van a hacer negativas'.
Para la actual administración pública será difícil imponer el orden en la seguridad del Estado en un corto período, lo cual lo podría lograrse a mediano plazo tanto con una política coherente como con mano dura hacia los antisociales, sostuvo.
El misionero dijo que algunos sectores han propuesto la pena de muerte para los miembros de estas bandas, el cual es un extremo que no procede desde la perspectiva jurídica, pero la Biblia acepta la aplicación de la misma.
'Cuando ellos -pandilleros- vean que la mano es fuerte hacia todos lados y el que las hace las paga, entonces la gente se la va a pensar dos veces; en Honduras como saben que la ley puede ser burlada, la permisibilidad reina y el desorden es norma de conducta cuando el gobierno trata de establecer pautas para poner orden en el caos no cabe duda que siempre va haber una reacción de oposición, de resistencia, incluso de rebelión contra el Estado', planteó.
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Prevención y rehabilitación
El también fundador de la Asociación Brigadas de Amor Cristiano (ABAC) lamentó que el Estado hondureño destina el 90 por ciento de la Tasa de Seguridad, de lo incautado y de todo lo que recibe para la represión, persecución y combate a la delincuencia y crimen organizado.
Si no hay temor, no hay freno y para que haya temor y freno tienen que haber cumplimiento de la ley a todo nivel', puntualizó el entrevistado.No obstante, cuestionó sobre la cantidad de fondos que emplea para la prevención y rehabilitación de los integrantes de estas agrupaciones ilícitas.
'Aquí no se emplea ni un diez ni un cinco por ciento, lo que quiere decir que el Estado no le da importancia a dos áreas que son las más fundamentales para evitar que el problema siga aumentando, uno la prevención que tiene que haber una campaña y lo que se invierte detiene la delincuencia', consideró el teólogo.
Recomendó que 'tiene que haber una campaña de rehabilitación y tristemente opciones hay muy pocas, las que hay están abandonadas y las que tiene el Estado ni rehabilitan, sino más bien degeneran a los que a ellas ingresan, principalmente cuando hablamos de los menores infractores'.
En tal sentido, Fumero catalogó como un caótica la situación que impera en los centros de ayuda a menores infractores, donde los centros penales carecen de una política rehabilitativa.
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