Honduras

BID y UE destinarán L 1,073 millones para la nueva identidad

Honduras pondrá una contraparte nacional de 196 millones. En febrero inicia proceso de licitación

22.01.2019

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con la aportación de 20 millones de dólares (L 490 millones) por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los 24 millones de dólares (L 588 millones) de la Unión Europea (UE) más los ocho millones de dólares (L 196 millones) que pondrá el gobierno hondureño, se completará el financiamiento de la nueva tarjeta de identidad que estará en manos de la población a finales del próximo año.

Estos organismos internacionales destinarán 1,073 millones de lempiras que, sumados a la contraparte nacional, harán un total de más de 1,269 millones de lempiras con los cuales será posible el proyecto largamente acariciado.

El coordinador de la Junta Interventora del Registro Nacional de las Personas (RNP), Rolando Kattán, informó a EL HERALDO que solo están a la espera de una misión de la UE que vendrá a oficializar su financiamiento para posteriormente iniciar el proceso de licitación internacional.

Esta etapa, para la cual ya se tienen los términos de referencia, durará unos seis meses y se espera que participen compañías especializadas de Europa, Estados Unidos y Canadá.

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Kattán informó que ya está concluido el diseño tecnológico y el mapa para la campaña de enrolamiento que iniciará a mediados del año en todo el país que se ha dividido en sectores para facilitar el trabajo de las brigadas técnicas.

Con la aportación del BID y la UE “garantizamos las fuentes financieras para el proyecto”, dijo el funcionario del RNP.

“La tarjeta de identidad tendrá dos códigos QR, uno tradicional para uso civil y comercial y uno encriptado que podrá generar bases para comunicaciones confidenciales como billetera electrónica”, explicó.

La empresa que gane la licitación proveerá el material para emitir 6.1 millones de tarjetas de identidad para adultos y 2.4 millones de tarjetas para niños entre los cinco y 17 años. Será la primera vez que el Estado cumplirá con la tarea constitucional de identificar a los niños.