Honduras

Aspirantes a fiscal general y fiscal adjunto deberán aprobar siete evaluaciones

10.04.2018

Tegucigalpa, Honduras
El proceso para elegir a las nuevas autoridades del Ministerio Público (MP) será muy riguroso.

Las personas interesadas en aspirar al cargo de fiscal general de Honduras y fiscal general adjunto serán sometidas a siete evaluaciones.

Las primera etapa de evaluación es la de antecedentes profesionales y personales.

Luego pasan a la fase de audiencia pública y de ahí a la aplicación de las pruebas de confianza. Los aspirantes deberán obtener una calificación satisfactoria en las prueba socioeconómica, la prueba patrimonial, la psicométrica, la toxicológica y la poligráfica.

Los aspirantes serán evaluados con una nota en base al 100 por ciento y el mínimo para aprobar es de 70 por ciento. A su vez solo aprobada la totalidad de las pruebas de confianza se certificará la confiabilidad de los aspirantes
a candidatos.

Este martes se abrió la convocatoria para que las personas puedan presentar su postulación a los cargos.

A partir de este miércoles los interesados en autoproponerse tienen un plazo de 20 días para aplicar y postularse.

Una persona se puede autopostular, asimismo las instituciones públicas y privadas pueden postular a su candidatos.

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Requisitos
Las personas seleccionadas sustituirán al fiscal general Óscar Chinchilla y al fiscal general adjunto Rigoberto Cuéllar.

La Junta Proponente determinó 23 criterios de idoneidad o requisitos para los aspirantes.

Entre ellos están: debe ser abogado, estar colegiado, con 10 años de ejercicio en la judicatura, en la profesión o en la docencia de educación superior de las ciencias jurídicas.

También debe respetar y proteger los derechos humanos, no padecer ninguna enfermedad física o mental que le impida ejercer sus funciones.

Además, no tener sentencia firme en su contra, en los Juzgados de Familia o de Violencia Doméstica, ni tener cuentas ni demandas pendientes con el Estado. Los miembros de la Junta Proponente se reunirán este miércoles en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos para definir el cronograma de las actividades de las fases del proceso.