El Poder Judicial rechaza presiones para influir en los fallos de jueces

Tegucigalpa, Honduras
Las autoridades del Poder Judicial rechazaron el miércoles que mediante presiones o insinuaciones; personas, instituciones o grupos nacionales e internacionales pretendan influir en los fallos de los funcionarios judiciales.

En un comunicado afirmaron que el Poder Judicial es garante del cumplimiento del debido proceso, la paridad de las partes y la aplicación de las normas jurídicas que conforman el sistema normativo interno.

El documento, leído por el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta, junto a varios funcionarios judiciales, establece además que la autoridad judicial en el ejercicio de sus funciones es independiente de toda otra autoridad.

La reacción de la CSJ obedece a la polémica generada entre la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) y el Congreso Nacional (CN) por una reforma a la Ley de Presupuesto, que según la Misión, frena varias investigaciones sobre corrupción.

“Conforme a la estructura republicana del Estado de Honduras, y conforme al contenido del artículo 1 de la Constitución de la República, que establece: Honduras es un Estado de derecho, soberano, constituido como República libre, democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social”, inicia el comunicado.

“Constitucionalmente, la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte gratuitamente en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y las leyes; en este sentido, la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales en su artículo 11 establece de forma determinante que: La autoridad judicial en el ejercicio de sus funciones es independiente de toda otra autoridad”.

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“Entre los elementos caracterizadores del Estado Democrático y Constitucional de Derecho, se resalta con vital importancia la fundamental independencia judicial, lo que implica por principio de legalidad, el respeto de las disposiciones constitucionales respecto de las atribuciones y competencias de cada uno de los poderes o instituciones del Estado, entre los cuales no existe sometimiento ni jerarquía. Por tanto, ineludiblemente, las acciones de los órganos jurisdiccionales están revestidas de objetividad y estricta observancia de lo establecido en nuestra legislación”.

El documento señala que “como se ha establecido en anteriores comunicados, reiteramos nuestra enfática y determinante posición de salvaguardar en todo momento la independencia judicial, en consecuencia, este poder del Estado condena y condenará cualquier acción o manifestación que implique algún tipo de presión e insinuación proveniente de personas, instituciones o grupos, nacionales o internacionales, y rechaza todo señalamiento dirigido a los funcionarios judiciales con la pretensión de influir en sus resoluciones, lo que manifiestamente atenta contra su independencia”.

“El Poder Judicial, en el exclusivo ejercicio jurisdiccional, es garante del cumplimiento del debido proceso, la paridad de las partes y la aplicación de las normas jurídicas que conforman el sistema normativo interno”.

“Reafirmamos el compromiso con la justicia, el accionar objetivo con base en la ley y el respeto al debido proceso en autonomía e independencia como corresponde a un Estado de derecho”, concluye el comunicado.

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