Tegucigalpa, Honduras
El gremio médico y una parte del sector laboral del país se han pronunciado en contra de la aprobación de la Ley del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) por considerar que va orientada a la privatización de los servicios de salud de esa institución.
Las autoridades del Colegio Médico de Honduras (CMH) denunciaron el lunes que con la aprobación de la ley los derechohabientes tendrán límites para el acceso a servicios de salud.
“El aseguramiento y la prestación de servicios ya no solo lo va hacer el Seguro Social sino también las clínicas privadas”, declaró Suyapa Figueroa, presidenta del CMH.
Agregó que este modelo de seguridad social se aplicó en Colombia y el sistema fracasó, lo que ocurrirá en Honduras, según la galena.
“Todo lo que están montando es un negocio perverso que fue establecido en muchos países y que en este país quieren echarlo a andar porque ya tienen las empresas puestas”, afirmó Figueroa.
Actualmente la nueva Ley del IHSS se encuentra en proceso de debate en el Congreso Nacional (CN).
Figueroa aseguró que el modelo no es sostenible porque el Estado no tiene la capacidad para pagarle al Seguro Social una mayor cobertura de pacientes como se estima al universalizar los servicios.
El anteproyecto de ley establece que se crearán redes y unidades prestadoras de servicios que funcionarán como sucursales del IHSS, aunque sean clínicas y hospitales privados.
La nueva ley ha sido modificada en diferentes ocasiones porque diferentes sectores han puesto resistencia para su aprobación.
“Tenemos a la gente muriéndose sin hospitales, no se han construido hospitales en más de 20 años, el Seguro Social solo tiene dos hospitales desde que se fundó y pretenden hacer un vulgar negocio con la salud de la población”, señaló la galena.
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Reservas de los obreros
Otro sector que desde un inicio también se manifestó en contra de la aprobación de dicha ley es el sector obrero del país.
Rigoberto Matute, presidente del sindicato del IHSS, aseguró que aunque la ley se socializó no están de acuerdo con la privatización de los servicios de salud.
“Estamos totalmente en contra de la privatización de los servicios de salud, en Honduras existen muchas leyes, pero aun así se hacen muchas barbaridades”, lamentó Matute.
Las aportaciones que pagan los trabajadores y los patronos al IHSS se irán incrementando gradualmente por los próximos 10 años, según lo establece la Ley Marco de Protección Social.
Para este año ya se realizó el primer aumento en el pago de las cotizaciones para el Seguro Social.
Antes el IHSS recibía de un asegurado y su patrono 1,111.75 lempiras mensuales y ahora recibe 1,140.69 lempiras.
Es decir que hubo un aumento de 28.94 lempiras, el cual solo aplicó para este año al Régimen de Atención de Salud. El IHSS tiene actualmente un total de 765 mil afiliados directos que aportan mensualmente a la institución.
Incapacidades
El anteproyecto de ley también establece que se deberá crear una entidad que fiscalizará el adecuado otorgamiento de incapacidades médicas que brinda el Seguro Social.
Esa entidad será una Intendencia del Régimen de Riesgos Profesionale
s. El fin de ese órgano será evitar que continúe el festín de incapacidades otorgadas a los derechohabientes de manera irregular. La unidad será dependiente de una Superintendencia de Salud, la cual será creada por el Poder Ejecutivo y dirigida por tres personas.
Figueroa sostuvo que dicho órgano no es necesario porque ya existe un comité conformado por médicos que revisan la emisión de las incapacidades.
“Lo que se está haciendo en este momento beneficia a la empresa privada porque les interesa que no se les den las incapacidades a sus trabajadores, porque quieren reducir el tiempo de las incapacidades”, expresó. No obstante, reconoció que hay médicos que han extendido credenciales de incapacidades falsas.
Por la razón anterior el CMH reforzará las investigaciones en la emisión de los certificados.
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En 2016 el Seguro Social pagó 19.7 millones de lempiras en el Régimen de Riesgos Profesionales.
Este régimen fue creado para prevenir, proteger y atender a los trabajadores del sector público y privado, los cuales están expuestos a sufrir accidentes donde laboran.
Cada afiliado que sufre un accidente en su trabajo tiene derecho a recibir un pago como indemnización, además de recibir una atención médica, pensiones por discapacidad y hasta auxilio fúnebre.
La nueva ley establece que el IHSS e instituciones especializadas, como las aseguradoras, podrán administrar la prestación de los servicios.
No obstante, será la intendencia la que se encargará de vigilar y supervisar las emisiones de las incapacidades para garantizar que se realice un proceso transparente.
El IHSS emite al año un total de 51 planillas para el pago de subsidios tanto en el Régimen de Atención de la Salud como en el Régimen de Riesgos Profesionales.
Certificado de incapacidad
El Seguro Social cuenta con un documento oficial, autorizado para la extensión de certificados de incapacidad temporal para los asegurados.
El formulario está conformado por un documento original de color blanco y tres copias. La primera copia es color rosado, la segunda copia es de color azul y la tercera de color verde.
Los certificados son los subsidios que paga el IHSS para asumir el costo en que incurre un patrono por mantener un trabajador con goce de sueldo, quien por problemas de salud debe ausentarse temporalmente de sus labores.
Irregularidades
EL HERALDO conoció que en el IHSS se han detectado muchas irregularidades en la emisión del certificado de incapacidades.
Entre las principales inconsistencias que se presentan están la falsificación en el formulario, usurpación de nombre y número de colegiación del médico, falsificación de sellos, las fechas no coinciden y hasta en el diagnóstico médico.
EL HERALDO conoció que los gremios que más han falsificado certificados de incapacidades son médicos, enfermeras, maestros, elementos de la Policía Nacional y empleados de instituciones gubernamentales.
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Una vez que se confirma alguna irregularidad y se supone presunción de algún delito, se notifica a las instancias correspondientes, como el Tribunal Superior de Cuentas y al Ministerio Público. A su vez la nueva ley establece la creación de un Comité Técnico de Riesgos Profesionales.
El órgano anterior tendrá la labor de calificar a las empresas según el grado de riesgos a los que se exponen sus empleados, según la labor que realizan.
Asimismo se contempla una tabla de clasificación que establecerá niveles y subniveles de riesgos profesionales en los que incurren las empresas.
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