Para las elecciones de 2017, las dirigencias de los partidos políticos más institucionalizados del país conversaron sobre la conveniencia de modificar el sistema de selección de diputados en las elecciones generales, por uno más sencillo y menos controvertido.
La idea -más o menos- era sustituir el voto preferente en lista abierta (aplicado desde las elecciones del 2005) y que la gente denomina “la sábana”, por listas cerradas, en las que el orden de las propuestas partidarias ya está predeterminado y fijado en el momento de la elección y no se da a los votantes posibilidad alguna de influir en la posición final, una vez escrutados los votos.
Dicho de otra manera, retornar al antiguo sistema en el que bastaba votar bajo la bandera del partido de preferencia y esperar que el porcentaje obtenido por cada agrupación política determinara -proporcionalmente- cuántos diputados ganaría cada insignia.
Para disimular sus intenciones, las organizaciones políticas pidieron a un conocido líder emergente que sugiriera esta reforma que libraría a las elecciones de las quejas por manipulación de marcas en las mesas electorales receptoras. Diseminado como un globo sonda en las noticias, las reacciones no se hicieron esperar: no habían pasado ni dos minutos cuando diversas voces elevaron su protesta y denunciaron “aviesas intenciones de acabar con una de las más apreciadas reformas y avances del sistema electoral”, entiéndase, la posibilidad de que la ciudadanía determinara “con libertad” y sin la injerencia de los partidos, quiénes deberían integrar la asamblea legislativa.
El revolú concluyó sin llegar a mayores ni escándalo, cuando el improvisado “vocero” afirmó que se había “malinterpretado sus declaraciones” (archiconocido argumento que se utiliza cuando se dijo algo con intención y luego hay que desdecirse enfáticamente).
Así, sin utilizar encuestas ni grupos focales, los avezados dirigentes hicieron la rápida constatación de que enfrentarían problemas si se atrevían a proponer tal reforma. No quedaba otra, pues, que acudir
-nuevamente- a una “opción” o “alternativa” B, aunque esta vez no habría cadenas de radio y televisión ni sendos comunicados conjuntos.
En las elecciones de 2017, el partido oficialista (Nacional) llamó a sus simpatizantes y parciales a “votar en raya” -marcar una línea continua sobre todas las casillas de la planilla de diputados del departamento-, acción que en comicios previos hubiera anulado automáticamente su boleta, pero que en esta había sido prevista mediante reformas puntuales e instructivos para los miembros de mesa.
La oposición no reaccionó sino hasta la siguiente elección, cuando entendió que aquella estrategia había garantizado el “voto partidario” como si se tratara de una lista cerrada y empezó a pedir “voto en plancha” (que es lo mismo que sufragar por todos los candidatos de una planilla).
¿Conviene o no discutir esta reforma en el sistema de listas para no seguir rayando y planchando? (continuará).
