Honduras se está volviendo un país aislado, justamente cuando el mundo cada vez está más interconectado, donde el crimen organizado opera sin fronteras y las redes del narcotráfico, la trata de personas y el lavado de dinero se extienden como una plaga global; de manera que la cooperación internacional no solo es una herramienta útil, sino una necesidad imperante. Por ello, la abrupta decisión del Gobierno de Honduras de cancelar el tratado de extradición con Estados Unidos no solo es un error estratégico, es un retroceso alarmante en la lucha contra el crimen transnacional y un golpe a los esfuerzos globales por garantizar la seguridad y la justicia.
A pocos días de expirar el tratado de extradición, que en los últimos 11 años permitió la entrega de 56 ciudadanos hondureños a la justicia estadounidense por delitos relacionados con el narcotráfico y la criminalidad organizada, no era un simple acuerdo diplomático, era un mecanismo clave para combatir la impunidad y desmantelar las estructuras delictivas que han convertido a Centroamérica en un corredor estratégico para el crimen.
A través de este tratado, figuras notorias del narcotráfico y la corrupción fueron llevadas ante la justicia, enviando un mensaje claro: ningún criminal -ni presidentes- está por encima de la ley. La cancelación de este tratado no solo debilita la capacidad de Honduras para enfrentar a los carteles y las pandillas que operan en el territorio, también desmorona la confianza internacional en su compromiso con la justicia y el Estado de derecho.
En un momento en que la región enfrenta niveles récord de violencia y corrupción, esta decisión parece más un acto de confabulación que de soberanía. Con esta decisión, el país se convierte en un paraíso exprés, un refugio seguro para criminales. Sin la posibilidad de extraditar a los líderes de las organizaciones delictivas, estos podrán operar con total impunidad, expandiendo sus redes y consolidando su poder desde Honduras.
Además, la resolución envía un mensaje peligroso a otros países que luchan contra el crimen organizado. Si un país puede cancelar un tratado de extradición sin consecuencias, ¿qué impedirá que otros hagan lo mismo? La lucha contra el crimen transnacional requiere cooperación y
coordinación, no acciones unilaterales que debiliten los mecanismos internacionales de justicia.
Este gobierno y sus mequetrefes de cabecera han “justificado” la decisión como un acto de soberanía, argumentando que se debe priorizar la acción del sistema judicial interno. Como si fuera ejemplo de transparencia y de integridad semejante elefante blanqueado llamado Corte Suprema de Justicia.
Además, la soberanía no debe confundirse con las rabietas de un socialismo hecho para delincuentes. Honduras tiene el derecho y la responsabilidad de fortalecer su sistema judicial. En lugar de cancelar el tratado de extradición, el Gobierno debería trabajar en mejorar su capacidad institucional y garantizar que los criminales sean juzgados de manera justa y transparente, ya sea en nuestro país o en el extranjero.
Este error criminal es un recordatorio de que la lucha contra el delito transnacional no es solo una cuestión de seguridad, es una cuestión de voluntad política. Los próximos gobiernos deben priorizar la justicia y la seguridad de sus ciudadanos sobre intereses políticos de corto plazo.
Cancelar un tratado de extradición puede parecer una victoria populista, pero todos sabemos que es una derrota para la justicia y la paz, poniendo en riesgo la seguridad y la estabilidad de toda Centroamérica.
En pocos días, veremos surcar los cielos a decenas de aviones, y los puertos con miles de cruceros, repletos de “turistas” que vienen a blanquear la bandera nacional y a sus sirvientes políticos, en el paraíso más visitado del mundo.
