Son muchos y constantes los cuestionamientos al proceso legislativo de este Congreso Nacional al mando autoritario del diputado que lo dirige, Luis Redondo. La primera y principal controversia que como augurio, y mal augurio, fue la disputa sobre la legitimidad de la Junta Directiva y hasta el día de hoy la de su presidencia.
La crisis institucional, a veces de baja y otras de alta intensidad, se mantiene, el presidente legítimo del Congreso Nacional es Jorge Cálix, aunque ya no lo reclamen ni él ni los legalistas, seguidores o no.
Nosotros, como ciudadanos, debemos tenerlo presente. No hay que dejar en el olvido ninguna transgresión a la ley a efecto de no alimentar la impunidad.
Hay aspectos inocultables: se desconocieron los protocolos establecidos para la elección de la junta directiva, ni votaciones formales ni un mínimo de debates. Simplemente, los derechos individuales y colectivos para hacerlo, fueron conculcados.
Los Recursos interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia no resolvieron y desde entonces la infracción a la Ley, vez tras vez, ha sido la impronta del quehacer legislativo en el Congreso 2022-2026. La incorporación ilegal de suplentes para las votaciones de interés del grupo del Partido Libre que gobierna, ya son usuales. Sin división de poderes, el Estado de derecho está quebrantado.
La aprobación irregular del Presupuesto y de las 18 adendas a contratos de energía, aprobadas en una madrugada, sin el quórum indispensable y con suplentes sin facultad para ello, son las últimas evidencias del autoritarismo ciego en el Congreso Nacional.
La ciudadanía hemos caído en casi total indefensión ante el despotismo de un núcleo familiar y sus allegados. El Congreso Nacional, de derecho, nos representa de hecho, nos agrede. Estas próximas elecciones debemos elegir conscientes.
La función legislativa es sagrada a los intereses nacionales. Hay que honrarla. Al Congreso Nacional se va a legislar, a fiscalizar y a representar, no a traicionar a Honduras.
