La participación electoral en estos comicios fue menor a las de 1980, cuando concurrió a las urnas el 81.3% del electorado, en tanto en estas, en donde el nacionalismo postuló como su candidato presidencial a Ricardo Zúniga y el liberalismo a Roberto Suazo Córdova, el 78.5% depositó su voto, mismo que favoreció al sucesor de Rodas Alvarado, obteniendo el 54% del voto y Zúniga el 42%. 82 diputados y 284 alcaldes fueron electos, ganando el liberalismo 169 municipalidades y el Partido Nacional 113.
El Congreso quedó integrado por 44 parlamentarios liberales, 34 nacionalistas, tres del Pinu y un demócrata-cristiano. Su lema de campaña captó el sentimiento popular en rechazo a la corrupción de los años precedentes, si bien durante su cuatrienio (1982-1985) surgieron nuevos casos de cohecho, además del recrudecimiento del terrorismo estatal, coordinado por el embajador estadounidense Negroponte y ejecutado por el jefe de las Fuerzas Armadas, Álvarez Martínez.
El historiador Marvin Barahona recuerda la propuesta planteada por el Pinu, “la que más contribuía a actualizar el régimen político hondureño...: 1) Constitución democrática; Ley Electoral democrática; Integración de una Junta Cívico-Militar con amplia representación; la Junta debía elaborar un plan mínimo de gobierno para atender problemas nacionales considerados prioritarios; que el presidente de la República, diputados, magistrados, gobernadores y alcaldes fuesen electos directamente por el pueblo. Todo ello debía resultar de un ‘Compromiso Nacional’ que promoviera el cambio ‘en paz y libertad’, para evitar la violencia... ‘Democracia o violencia’ era el mensaje explícito del Pinu, invocando así el nombre de la democracia como un factor capaz de disuadir la violencia y el caos que amenazaban con extenderse a toda Centroamérica a inicios de la década de 1980... La negativa del bipartidismo a establecer un modelo de democracia participativa como respuesta a los imperativos sociales y políticos del momento, trajo consecuencias graves para la sociedad”. (“Militarización y transición política: reforma y contrarreforma en la construcción de la democracia hondureña”, Envío, no. 47, septiembre de 2015, pp. 43, 48).
La politóloga Rachel Sieder afirma que “la naturaleza de la transición hondureña fue condicionada por las particulares condiciones geopolíticas de comienzos de los años 80. El país se convirtió en el pivote de la estrategia estadounidense para la región, proveyendo una base para la contra nicaragüense y para las operaciones norteamericanas en contra del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en El Salvador. Hubo una rápida militarización y la Fuerzas Armadas hondureñas se duplicaron entre 1980 y 1984.
Bajo un régimen civil, las Fuerzas Armadas adquirieron una autonomía institucional e influencia sin precedentes sobre los desarrollos nacionales. La corrupción se incrementó como consecuencia del flujo de la ayuda externa (...). El papel de la sociedad civil en la consolidación de la postransición fue eficientemente debilitado durante los primeros años de los 80. Los espacios para la representación decrecieron mientras que la represión política se incrementó. El conflicto regional ofreció una nueva urgencia a la tarea de desmilitarizar la política (...). Suazo mostró poco respeto por las instituciones democráticas, las que fueron considerablemente minadas durante su período. (“Elecciones y democratización en Honduras desde 1980”, pp. 22, 26)
