El analista político Víctor Meza afirma que en nuestro país se observa “una gradual desintegración ética de la sociedad” (La Prensa, 6 de enero de 2021). Hechos y acciones confirman, por desgracia, tal aseveración, marcando una tendencia que revela el notorio y acelerado deterioro en los valores que apuntalan a la sociedad e integrantes de nuestra estructura social, con abandono de los principios de verdad, honor, decencia, solidaridad, integridad.
Presenciamos un colapso en la moralidad pública, en que la mentira, falsedad, cinismo, deshonestidad, oportunismo, se aceptan y exaltan como norma cotidiana de conducta, actuando de acuerdo con conveniencias e intereses personales y grupales quedando la nación subordinada a los cálculos de quienes controlan el poder.
Así, la corrupción e impunidad —más evidenciadas que nunca con la pandemia y desastres naturales que nos abaten— se aceptan como acciones que deben ser admiradas en vez de denunciadas y rechazadas. Quienes cometen actos dolosos, en conflicto con el bien común, son admirados por su astucia y destreza en enriquecerse con el mínimo de esfuerzos, en el menor tiempo posible. Otros se muestran indiferentes ante tal degradación, vista con apatía e inevitabilidad. ¿Formará esta inversión de valores parte integral de la “nueva normalidad”?
El ignorar, olvidar, excusar acciones ilícitas facilita otorgar mayor fuerza e iniciativa a malhechores de cuello blanco, almidonado, que acechan nuevas oportunidades propicias para continuar delinquiendo, a sabiendas de que gozan de impunidad e inmunidad, fortalecidos por quienes se llaman a “prudente silencio”, a la excusa del “no conviene”.
Con esta actitud se convierten en facilitadores, subordinando sus conciencias anestesiadas a la esperanza de llegar a ser parte integral, beneficiada, del despojo de la “res-pública”.
Se ha diluido el principio de que nadie está por encima de la ley y que el poder, en última instancia, descansa en la voluntad popular, reemplazado por la emisión de códigos penales que escudan, blindando a saqueadores de fondos públicos ubicados en posiciones cimeras al interior de los poderes estatales. No faltan exégetas que pretenden, usando falacias, justificar tanto tales iniciativas legislativas al igual que su interpretación y aplicación en los tribunales de justicia.
La pobreza, desesperación y alienación crecen diariamente, además de distintas manifestaciones de violencia, obligando a miles de compatriotas al éxodo masivo hacia otras latitudes, en búsqueda de oportunidades, paz, seguridad. El atribuir tales desplazamientos humanos a políticos opositores, a conspiraciones desestabilizadoras, oculta las causales reales, profundas, de tales peregrinajes hacia el mundo desarrollado, que lejos de disminuir, van en ascenso, a despecho de los rechazos y ataques recibidos en Honduras, Guatemala y México.
