TEGUCIGALPA, HONDURAS.-En medio del estrés que genera la pandemia del Covid-19 y el encierro, los trabajadores se angustian por el temor de no poder volver a sus puestos de trabajo y la imposibilidad de sostener a sus familias.
La queja del sector empresarial es que cada vez es más difícil pagar el salario de sus colaboradores debido a que por dos meses no han recibido ingresos.
Con la economía paralizada, miles de familia se han quedado sin el sustento diario, sin dinero para cancelar deudas o sus viviendas y el panorama cada vez es más triste.
Datos proporcionado por la Secretaría de Trabajo a EL HERALDO indican que más de 276 empresas de todo el país se han acogido al decreto de emergencia 33-2020 que contiene la Ley de Auxilio al Sector Productivo y a los Trabajadores ante los Efectos de la Pandemia Provocada por el Covid-19.
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Esta ley establece una aportación solidaria para el mantenimiento temporal de empleos e ingresos para los trabajadores durante la vigencia de la emergencia nacional por Covid-19.
Hasta el momento más de 120 mil trabajadores han sido suspendidos y de estos, más de 105 mil se han adherido a la Ley de Auxilio gracias a sus empresas, por lo cual, estas personas están gozando de este beneficio.
Carlos Madero, titular de la Secretaría de Trabajo, declaró a EL HERALDO que “unos 105 mil trabajadores se han adherido a la Ley de Alivio Solidario y eso nos llena mucho de alegría porque estas empresas en lo posible están tratando de ayudar a sus trabajadores”.
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Esfuerzo
Para el sector de la maquila ya se desembolsaron más de 1,000 millones de lempiras, lo mismo se hará con el Régimen de Aportaciones Privadas (RAP), declaró Madero.
A pesar de todo esto, advirtió, hay que ser realista, porque la pandemia va a dejar mucho desempleo.
Por medio del decreto 33-2020, la mayoría de los empleados suspendidos están recibiendo 6,000 lempiras mensuales entre el RAP, sus empleadores y el gobierno.
José Luis Baquedano, directivo de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH), consideró que en este momento la clase obrera es víctima de una “masacre laboral” ya que, según sus estimaciones, son alrededor de 200 mil trabajadores afectados directamente.
De estos, unos 50,000 han sido despedidos por sus empleadores y no tienen adonde acudir para exigir sus prestaciones laborales porque la Secretaría de Trabajo y los Juzgados no están laborando.
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Antes de la pandemia en Honduras había 1.6 millones de personas desempleadas, ahora son 1.8 trabajadores que se suman al sector informal de la economía, es decir, que van a la calle a buscar la forma de cómo llevar alimento a sus hogares, indicó.
Baquedano señaló que “los empresarios han sido insolidarios con los trabajadores, a pesar que el Código de Trabajo dice que los trabajadores pueden gozan de las utilidades y las ganancias de los empresarios, pero nunca asumir sus pérdidas y sus riesgos y en este caso quien ha asumido las pérdidas y los riesgos son los trabajadores”.
El director Ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Rafael Medina, estimó que alrededor del siete por ciento de los trabajadores del sector privado han sido suspendidos, sin contar los despedidos y las suspensiones que no se han hecho bajo el decreto 33-2020.
Consideró que “si hay más de 1.5 millones de trabajadores del sector privado y los empresarios ya casi en dos meses no han recibido ingresos, han hecho un enorme esfuerzo para sostener los empleos”.
Los empleos solo se pueden sostener si existen las empresas, pero si las empresas desaparecen no habrá puestos de trabajo, reflexionó, por lo cual, se debe hacer una reapertura inteligente de la economía.
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