TEGUCIGALPA, HONDURAS.-En medio de la tensa calma por la suspensión temporal del proyecto habitacional Condado Santa María, las autoridades y pobladores no parecen dar su brazo a torcer en sus posturas.
El alcalde Nasry Asfura reiteró ayer que se busca dialogar con las partes involucradas, pero que el proyecto habitacional cuenta con los permisos amparados en ley.
“Nadie está hablando de cancelación, por eso hay obras de mitigación”, afirmó Asfura.
Además, insistió en que la comuna capitalina no ha autorizado a los desarrolladores trabajar en la zona de reserva.
En tanto, el titular de Recursos Naturales y Ambiente (MiAmbiente), José Galdames, aseguró que la institución se encuentra a la espera de que los desarrolladores presenten un plan de cierre.
“Ahora que se ha suspendido esperamos que nos presenten un plan de cierre, que nos digan qué se hará. Ellos (la urbanizadora) han dejado una garantía de 360 mil dólares. Si ellos están suspendiendo, nosotros por ley estamos obligados a quitarles el permiso”, expresó Galdames.
Sin embargo, la licencia ambiental expira en 2020, pues fue extendida en 2016.
Asimismo, informó que MiAmbiente no participará en las reuniones de diálogo.
“No participaremos porque no queremos que piensen que la Secretaría está defiendo ese proyecto. A nosotros nos dijeron que habían socializado, pero al parecer no lo hicieron con las personas correctas. Que dejen de estar jugando. Nosotros entendemos que si se suspende, esto se termina”, dijo de forma enérgica.
Por su parte, Rufo Paredes, director ejecutivo de la Fundación Amigos de La Tigra (Amitigra), manifestó que la postura de la entidad será la de proteger el parque nacional.
Recomendó la revisión del marco legal porque “esta historia no se puede repetir”.
Los grupos ambientalistas y pobladores de más de 80 comunidades persisten en su lucha por cancelar el proyecto.
Los desarrolladores han invitado a pobladores y autoridades a compartir los alcances y límites del proyecto.
