Requerimiento fiscal
La sociedad hondureña está unida en una sola voz. La condena es generalizada ante lo que aparenta ser una estela de muerte en contra de comunicadores.
El último hecho sangriento se registró el lunes a inmediaciones del sector de Guasculile, carretera a Olancho, donde se encontró el cuerpo sin vida del periodista Erick Martínez Ávila.
El comunicador era miembro de la comunidad gay, defensor de los derechos humanos e integrante activo del partido Libertad y Refundación, mismo por el que postulaba la candidatura a una diputación.
Con la muerte de Martínez ya son 22 lo comunicadores que han fallecido en lo que va de la presente administración de Porfirio Lobo, según el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh).
El titular del Conadeh, Ramón Custodio, lamentó la muerte violenta de Martínez Ávila y exhortó a las autoridades encargadas de brindar seguridad a investigar el caso para que el crimen no se agregue a la larga lista de impunidad en el país.
Custodio declaró que “el crimen debe investigarse en forma específica porque, en este caso particular, puede que haya una política de homofobia, es decir intolerancia y desprecio hacia quienes presentan una orientación o identidad diferente a la heterosexual.
“Es doblemente lamentable, porque Erick Martínez trabajó con nosotros, nos apoyó mucho en varias actividades que realizamos en el programa de VIH que tenemos en esta institución”, dijo el Comisionado.
El funcionario es del criterio que en la medida en que el gobierno no responda adecuadamente a la protección de grupos vulnerables como es el caso de los abogados, periodistas, policías y del mismo movimiento LGTB, “está dando un mal mensaje”. Cabe destacar que ya anteriormente Custodio había advertido una escalada de muertes en contra de comunicadores sociales.
Preocupación
Para Juan Ramón Mairena, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), la escalada de muertes de comunicadores sociales “es motivo de preocupación”.
“Como organización, hemos tenido reuniones con el presidente Porfirio Lobo y con representantes de Seguridad, a fin de pedirles que se investiguen estos casos para que no queden en la impunidad”, manifestó Mairena.
El CPH demanda que se debe fortalecer la protección para los comunicadores e identificar junto a las autoridades, los mecanismos para asegurar y prevenir el asesinato de periodistas y lo peor de todo, que estén en la impunidad.
Cabe destacar que la mayoría de muertes contra periodistas han ocurrido en los departamentos de Cortés, Atlántida y Francisco Morazán.
Por su parte, Carlos Ortiz, presidente de la Asociación de Prensa Hondureña (APH), demanda que se haga una profunda investigación de cada una de las muertes de los periodistas y que se castigue a los responsables de los homicidios. En tanto, la Fiscalía de Derechos Humanos condenó el alto índice de periodistas asesinados, aún en impunidad.
“El panorama es sombrío, si nos referimos a cómo se ha dado muerte a un número considerable de comunicadores sociales”, manifestó el fiscal German Enamorado, en declaraciones a EL HERALDO.
Un equipo especial asignado a la Fiscalía de Delitos Comunes se encarga de la investigación del asesinato de comunicadores sociales, con apoyo de investigadores estadounidenses.
Las hipótesis son diversas, desde el propio ejercicio de su función profesional, actos motivados de índole personal o delincuencia común.
“Aquí lo interesante es que si no se diluyen las investigaciones de manera efectiva, estaremos pululando en las hipótesis. Esperamos resultados prontamente”, dijo el fiscal.
El cegar la vida de una persona no está validado en nuestro ordenamiento jurídico. Enamorado instó a quienes manejen información de cada uno de los crímenes a canalizarla a la Fiscalía de Delitos Comunes o Derechos Humanos, para anotar avances en la deducción de responsabilidades.
Hay que recordar que según organizaciones internacionales, México, Colombia y Honduras son los países más riesgosos para el ejercicio del periodismo.
En Honduras, a la fecha, ninguno de los casos ha sido resuelto plenamente.
