Sucesos

Corte Suprema de Justicia inicia proceso para extraditar al ‘Negro’

Se convocó al pleno de magistrados para el 2 de mayo, con el fin de nombrar juez especial. Esta es la primera solicitud para autorizar la extradición de un hondureño, luego de que el Congreso Nacional aprobara la reforma al artículo 102 constitucional.

25.04.2012

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) inició un proceso para responder al gobierno de Estados Unidos si autoriza o no la extradición del supuesto narcotraficante hondureño Carlos Arnoldo Lobo.

En el libro de ingresos de la Secretaría de la CSJ aparece la inscripción de la solicitud de extradición registrada con la clave SP-172-12.

La solicitud de la Embajada de Estados Unidos llegó a la CSJ el pasado 19 de abril.

La solicitud consta de 15 folios y fue tramitada a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El pleno de los 15 magistrados fue convocado para el próximo 2 de mayo, informó a EL HERALDO una fuente.

En la sesión de pleno se incluyó como punto de agenda el nombramiento del juez especial de extradición que conocerá y resolverá la petición.

La convocatoria la giró el presidente de la CSJ, Jorge Rivera Avilés, citó la fuente.

Para ese efecto, el pleno nombrará a uno de los 15 magistrados que lo integran.

Asimismo, nombrará al tribunal de apelación; integrado por otros tres magistrados.

Este tribunal podrá resolver, confirmar o revocar lo que resuelva el juez especial, en el eventual caso que alguna de las partes formalice una apelación inconforme por la decisión emitida.

El hecho que Carlos Lobo aún no esté preso no es limitante legal para que el juez autorice su extradición.

En ese caso tendría que librar una orden de captura nacional e internacional.

El paradero de Carlos Lobo es incierto, algunos creen que si EUA pide su extradición es porque lo tendría ubicado y solo está a la espera de una autorización legal para llevarlo y juzgarlo en ese país por narcoactividad.

De acuerdo a la Fiscalía del Crimen Organizado, a Carlos Lobo le fueron incautadas 27 embarcaciones, varias viviendas y propiedades, así como tres empresas marítimas, todo ello valorado en 500 millones de lempiras.

El hondureño forma parte de una amplia lista de nacionales a quienes Estados Unidos reclama para ser juzgados por narcotráfico.

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