La exmodelo Ilsa Vanessa Molina Aguirre formalizó una petición de asilo político al gobierno de Estados Unidos.
La también expalillona se encuentra detenida en un centro de migrantes en EE UU, tras ser capturada el pasado 5 de enero en un punto fronterizo entre ese país y México, informado en exclusiva por EL HERALDO.
Fue detenida por autoridades migratorias por ingresar ilegalmente por el estado de Nuevo México. Ilsa Molina es acusada por el Ministerio Público (MP) de suponerla responsable del delito de lavado de activos por el descalabro financiero del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
En su contra pesaban órdenes de captura nacional e internacional. De acuerdo a la legislación estadounidense existían dos vías para Molina: aceptar su deportación voluntaria a Honduras o tratar de evitar su traslado interponiendo acciones legales en un tribunal migratorio.
Ya adoptó una posición. “Hemos recibido una comunicación oficial, que fue recibida por el fiscal general de la República (Óscar Fernando Chinchilla), en donde se establece que la ciudadana Ilsa Vanessa Molina, que se encuentra detenida por las autoridades de migración de los Estados Unidos, ha invocado, en este proceso de deportación, que no va a ser voluntaria, que ella (Ilsa Molina) ha iniciado un proceso jurídico, que será una deportación peleada por su abogado”, informó el coordinador de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal, Roberto Ramírez Aldana.
Presentó un argumento para tratar de evitar su deportación a Honduras.
“Ha invocado un asilo político, ya las autoridades diplomáticas de Honduras han confirmado esta posición ante las autoridades del Ministerio Público”, expuso el fiscal.
Improcedente
Ilsa Molina alega que tiene un hijo con nacionalidad norteamericana, lo que a juicio del Ramírez Aldana no tiene sustento. “Ella (Ilsa Molina) tiene el derecho, y así lo está ejerciendo, de invocar cualquier asunto que tenga que ver con su deportación”, dijo.
“Confiamos que un asilo político no es procedente, ella (Ilsa Molina) está invocando una situación de que su hijo tiene la nacionalidad norteamericana, pero esta no es una simple deportación, sino que es una deportación que obedece también a una orden de captura internacional que pesa en su contra”, señaló.
Término
La deportación, impugnada por el asilo político, demorará de uno a dos meses en resolverse.
El MP espera que se resuelva en el menor tiempo posible.
“Esperamos que se entienda que hay una orden de captura internacional, que EE UU al estar conociendo procesos judicializados, tengamos una decisión favorable a nuestro proceso, que sería traerla a juicio”, manifestó el fiscal.
Al parecer, Ilsa Molina invocaría sentirse amenazada. Sin embargo, el fiscal afirmó que será un hecho su deportación.
“Ella lo que está haciendo es no acogerse a la deportación voluntaria, que de haberse acogido a esa posibilidad esta ciudadana ya estuviera en nuestro país, lo que está haciendo es dando un motivo por el cual va a pelear el proceso de deportación”, dijo.
Aclaró que el MP no tiene nada que ver en este proceso de deportación o de asilo político. Su papel se centrará en prestar todas las garantías que se requieran por parte de las autoridades estadounidenses para su traslado. Asimismo, descartó que fiscales viajen a EE UU a agilizar este proceso, ya que no es su facultad.
Sí están a la espera que EE UU les informe de las condiciones en que fue capturada. “Estamos en la plena confianza de que las autoridades de Estados Unidos van a mantener esa linea clara que tienen sobre el manejo del caso”, manifestó.
Presentación
Ilsa Molina es acusada junto a otras diez personas por el delito de lavado de activos en la línea de investigación de creación de “empresas fantasma” para desfalcar al IHSS.
A la fecha existen ocho órdenes de captura pendientes de ejecutar. Al respecto, Ramírez Aldana informó que existen intenciones de algunos imputados de presentarse voluntariamente al Juzgado.
“Estamos teniendo información de que muchas personas que están acusadas han pedido a sus abogados audiencia al Tribunal para presentarse de manera voluntaria, es lo mejor que pueden hacer”, expresó.
“Hemos sido claros en comunicar también que para el Ministerio Público de Honduras es de importancia que todas las personas que han sido acusadas comparezcan a las audiencias para que puedan ejercer su derecho de defensa”, agregó.
A su vez, el funcionario informó que el MP mantiene activas 22 líneas de investigación, que los expedientes son documentados para presentar más acusaciones por el descalabro financiero del Seguro Social.
Equipo a Chile a audiencia de Ciuffardi
Una delegación del Ministerio Público (MP) viajará a Chile para participar en el proceso de extradición de la chilena Natalia Patricia Ciuffardi Castro.
La chilena es acusada por el MP por suponerla responsable del delito de lavado de activos por el desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social. Fue recientemente capturada en Chile, ante ello el MP solicitó su extradición a Honduras, para que enfrente la justicia.
La Corte Suprema de Justicia de Chile fijó para el próximo 23 de enero la audiencia de extradición, en la cual decidirá si la extradita o no a Honduras.
Al respecto, un equipo del MP de Honduras se desplazará a Chile para participar en el proceso judicial de extradición.
“Un equipo de peritos, auditores forenses y analistas financieros que han trabajado directamente en la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal, se estarán desplazando en la próxima semana (a Chile) para participar en el desarrollo de estas audiencias”, informó el coordinador de la Unidad de Apoyo Fiscal, Roberto Ramírez Aldana.
“Han sido requeridos por las autoridades chilenas para darle valor y contenido a cada uno de los argumentos que han sido presentados en este juicio de extradición”, agregó. El MP le dará seguimiento a los detalles del proceso, respetando la decisión soberana que adoptará la Corte Suprema de Chile.
Valoró que en ese país se le está dando connotación a este caso, valorando la lesión que la chilena le habría causado al Estado de Honduras. Es así que la solicitud de extradición es conocida por el presidente de la Sala Penal del Poder Judicial de Chile y el fiscal general de ese país representa a Honduras en dicho proceso.
