Honduras

Honduras: Lista herramienta para reformar Estatuto del Docente

La Secretaría de Educación encuestó a más de 27 mil docentes sobre los nuevos
mecanismos que deben regir para definir los aumentos de salario y la mayoría pide cambios.

21.04.2014

La reforma al Estatuto del Docente toma cada vez un ritmo más acelerado. La Secretaría de Educación culminó una encuesta realizada a los docentes sobre definir el camino a la modificación de esa norma.

La consulta, denominada “Hacia una nueva actualización de la carrera docente”, se efectuó entre enero y marzo de 2014 a 27,407 maestros y arrojó que una amplia mayoría de profesores están de acuerdo con que haya un nuevo instrumento para el pago de sus salarios.

La Secretaría de Educación tiene registrados a 57 mil docentes.

Respuestas

Un total de 19,283 educadores respondieron que sí estaban de acuerdo con establecer un nuevo mecanismo de actualización salarial para los docentes, mientras que 8,124 dijeron que no.

Igualmente se les preguntó a los maestros cuál método debe ponerse en práctica para fijar los aumentos salariales y 11,887 consideraron que debería ser en base al índice de inflación y desempeño docente.

Mientras, otros 10,027 pidieron que las nivelaciones se realizaran al calcular los incrementos al salario mínimo y 5,493 dijeron que se tenía que hacer al calcular el tiempo efectivo de trabajo.

Para 22,238 maestros encuestados, el régimen económico del Estatuto del Docentes es pagable, pero 3,472 opinan que es impagable. 1,696 consideran que ese tema es algo irrelevante.

De acuerdo a 13,647 educadores, las mejoras salariales se tienen que hacer con intermediación de la dirigencia magisterial, pero 12,173 dicen que solamente la Secretaría de Educación tiene que intervenir.

La encuesta estuvo conformada por 12 preguntas, de las que cuatro tenían que ver con el régimen económico del Estatuto del Docente y otras eran sobre aspectos disciplinarios y educativos.

Impagable

El sistema educativo tiene unos 54 mil profesores contratados, y en ellos se destinan cerca de 1,100 millones de lempiras mensuales en salarios.


El Estatuto del Docente fue creado por el Congreso Nacional mediante decreto 136-97 en diciembre de 2000 y en el régimen económico establece que los incrementos salariales se harán en base a calificación académica y cada quinquenio (5 años), entre otros factores.

No obstante, este instrumento se volvió impagable y por ello los aumentos de sueldo de los docentes se han regido mediante acuerdos políticos con los gobiernos.

La dirigencia magisterial acorraló, mediante prolongados paros de labores, a distintos gobiernos para que les aprobara algunas nivelaciones salariales, aunque no en estricto cumplimiento del Estatuto del Docente.

No obstante, en el gobierno del expresidente Porfirio Lobo (2010-2014) la situación varió, luego de algunas medidas disciplinarias impuestas por el ministro de Educación, Marlon Escoto, en contra de los docentes que abandonaban las aulas para protestar, con lo que los maestros atenuaron sus reclamos.

El ministro Escoto dijo a EL HERALDO que se elaborará un informe sobre los resultados de la encuesta que será presentado al presidente Juan Orlando Hernández y al Congreso Nacional.

De este análisis se generará un proyecto de ley para reformar el Estatuto del Docente, indicó el funcionario.

“Es necesario para que haya acuerdo entre los poderes del Estado, que tiene la autoridad de decisión. La Secretaría de Educación está aportando las herramientas y los contenidos para la discusión”, expresó.

“Es un proceso. Hacer las discusiones internas y buscar un momento donde el CN pueda considerar las reformas con la petición obvia del Presidente de la República”, acotó.

Sanciones

Los encuestados denotaron que no están dispuestos ha aceptar el cambio de plaza en caso de incurrir en una falta grave. Se les preguntó si estaban de acuerdo con un traslado o descenso en caso de cometer una falta grave y 21,934 dijeron que sí y 5,437 que no.

Pero cuando se trata de casos de abuso sexual en los que hayan involucrados maestros sí coinciden en imponer sanciones duras.

A juicio de 20,030 profesores, se debe destituir al maestro que cometa abuso sexual contra un menor y para 2,917 la sanción debe ser una suspensión temporal. Mientras, para 2,917 el castigo que se debe de aplicar es la de un traslado a un puesto de menor jerarquía.

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