Honduras

Honduras: Tropicalizamos la idea de las ciudades modelo

Todas las ideas fueron adecuadas a la legislación hondureña, de manera que no se cede ni un centímetro de territorio a gobiernos extranjeros a través de grandes consorcios.

07.04.2014

Las diferencias con el economista estadounidense, Paul Romer, propulsor de las ciudades modelo o “charter city”, son de carácter conceptual, dice el gerente administrativo del Congreso Nacional, Ebal Díaz.

El HERALDO traslada a los lectores la opinión del también asesor legislativo sobre las dudas que han surgido a raíz que el consultor norteamericano se desvinculó del proyecto de ciudades modelo en Honduras y explica algunas bondades de este polémico proyecto.

¿Cuáles son las diferencias con Romer? El modelo de Charter City de Ronmer dice que si un gobierno de un país desarrollado toma una parte de un país subdesarrollado, esa parte del territorio se va a desarrollar con las reglas del país desarrollado.

Cuando él (Romer) viene a Honduras tuvo un amplio diálogo con los diputados y la posición de la mayoría fue que no se podía crear un modelo donde un país extranjero tome parte del territorio y lo administre.

Nosotros no podemos permitir que una compañía extranjera tome parte del territorio nacional. Entonces, se creó el modelo donde la institucionalidad que esté dentro de la RED sea hondureña, los gobernadores, la administración es hondureña, es un modelo manejado por el Estado de Honduras a través de la institucionalidad que se crea. Eso está claramente establecido en el artículo 1 del Estatuto de la RED. Lo que existe son diferencias conceptuales.

¿Qué dice ese artículo? Según el artículo 1, “las Regiones Especiales de Desarrollo son parte inalienable del Estado de Honduras y están sujetas al mismo en todos los temas relacionados a soberanía, defensa nacional, relaciones exteriores, temas electorales, emisión de documentos de identidad y pasaportes”. Así que no existe la posibilidad de que un gobierno extranjero se apodere de parte del territorio nacional.

¿Ahora no se viola la Constitución? La modalidad que estamos impulsando en Honduras es muy distinta a la que vino a presentar Paul Romer, porque aquella sí violaba la Constitución y la soberanía nacional; nosotros ‘tropicalizamos’ esa idea y la adecuamos a nuestras leyes”.

¿Bajo qué criterios se han escogido las zonas para ubicar a las RED? En primer lugar que cumplan con las características, como ser zonas donde no hay población, acceso a la infraestructura, nivel de vida de la gente que habita la zona, acceso a puertos, a aeropuertos y otro nivel de información como cuencas, microcuencas, sitios protegidos por la legislación ambiental y estar habitados por grupos étnicos.

¿Qué regiones reúnen esas características? Después de hacer una caracterización general se llegó a la conclusión que hay cuatro zonas potenciales: una se ubica en la barra del Río Motagua, en el Valle de Cuyamel; la otra en las cercanías de Puerto Cortés, en la zona de Bajamar, donde hay grandes extensiones de tierra que no están siendo utilizadas.

La otra zona está en el sur de Honduras que abarca el Valla de Goascorán, Alianza y la Isla de Amapala. Por último está la zona del Valle de Sico y Paulaya, una región cercana a Puerto Castillo.

¿Qué pasa con las acciones de inconstitucionalidad de la CSJ sobre las ciudades Modelo? El Congreso Nacional dejó de debatir el tema de las RED desde hace mucho tiempo, desde el mismo momento en que se presentaron esos recursos de inconstitucionalidad, sin embargo, se ha tomado la decisión de que no se puede seguir esperando, hay que avanzar, pero esto no significa que la Corte pierde algún nivel de potestad.

Si la CSJ el día de mañana dice que las RED son inconstitucionales el Congreso acatará esa decisión y si dice que no es inconstitucional seguimos adelante con este proyecto. Se podrán presentar 300 acciones de inconstitucionalidad y al final el que decide si este modelo continúa es la Corte Suprema de Justicia.






La propuesta de Romer








Lo aprobado en Congreso Nacional

Romer propone que los países pobres entreguen un pequeño pedazo de tierra a un país más desarrollado para establecer allí una ciudad autónoma o Charter City, orientada al comercio y a las finanzas.

Las RED son parte inalienable del Estado de Honduras, sujetas al mismo en lo relacionado a soberanía, defensa nacional, relaciones exteriores, temas electorales, emisión de documentos de identidad y pasaportes.

Romer proponía que un país extranjero tuviera control sobre parte del territorio nacional, que las autoridades fueran extranjeras, que se aplicaran leyes extranjeras e incluso que los jueces fueran extranjeros.

El estatuto de las RED establece que el único estado que ejercerá autoridad en las RED es el de Honduras. El Presidente de la República nombrará a un gobernador que cumplirá la función de un administrador.

Romer promueve las ciudades modelos en territorios deshabitados, con reglas claras y estables con las puertas abiertas al capital y a la inmigración.

Según el Estatuto Constitucional, Las Regiones Especiales de Desarrollo son de naturaleza urbana, La entrada y salida de las RED será libre para todos los hondureños que circularán sin restricciones.

Los críticos temen que las RED puedan convertirse en estados dentro de Estados para una élite privilegiada, el empeoramiento de la desigualdad y pasando por alto las leyes laborales y ambientales.

Según los asesores del CN, la soberanía nacional se reafirma al consolidar la presencia del Estado hondureño en zonas donde tradicionalmente no la ha tenido; Honduras mantiene soberanía total e ininterrumpida.

Organizaciones de defensa de los derechos de pueblos indígenas temen la expropiación de territorios para el establecimiento de las ciudades modelos, así como el desplazamiento masivo de sus habitantes.

Los defensores de la RED sostienen que el terreno donde serán construidas pertenecen únicamente al Estado de Honduras y los inversionistas que tengan interés en participar deben comprar la tierra a precios de mercado.

Honduras corre el riesgo de convertirse en pedazos

El Comisionado de Derechos Humanos, Ramón Custodio, expresó su desacuerdo en que se tiren más fronteras y se divida el territorio nacional con la creación de las ciudades modelos o redes especiales de desarrollo.

El ombudsman también anunció que realiza una investigación a fondo del consorcio internacional con el que se firmó el convenio para construir la primera ciudad modelo.

Advirtió que ya está llegando a las conclusiones
sobre la falta de seriedad de esa supuesta firma, que los promotores de la iniciativa la presentan como cosa del otro mundo.

Creí, dijo Custodio, que lo de las ciudades modelos era algo olvidado en el cofre de las cosas que no sirven para nada, pero está siendo reactivado, como que hubiera interés en mantenernos agitados por cosas que no son lo fundamental en este país.

“Si yo quiero tener un país desarrollado debe ser todo el país, no zonas privilegiadas “, comentó.

¿Cuál es la prisa?, pregunta diputado Ponce

El vicepresidente del Congreso Nacional, Marvin Ponce, cuestionó ayer la prisa con que se está manejando el tema de las ciudades modelos por parte del titular del Legislativo, Juan O. Hernández.

El diputado udeísta, que ha sido aliado de todos los proyectos del presidente del Congreso Nacional, declaró que el tema de la promoción y el de conseguir inversiones corresponde al Poder Ejecutivo y no al CN.

¿Cuál es el interés del presidente del Congreso en este asunto?, preguntó Ponce, a la vez que afirmó que antes de definirse las regiones donde probablemente se construirán las ciudades modelos, se debió esperar la respuesta de la CSJ, respecto a unos 11 recursos de inconstitucionalidad contra ese proyecto.

Ponce sostiene que de nada sirve identificar regiones, si a los empresarios no se les asegura que su inversión está garantizada.

La CSJ no cederá a las presiones, afirma Rivera

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés, afirmó que se emitirá una resolución conforme a derecho, sobre recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra el decreto 123-2011 que aprueba las Regiones Especiales de Desarrollo.

En octubre del 2011, un grupo de abogados interpuso el primer recurso, el Ministerio Público emitió dictamen a la Sala Constitucional recomendando derogar el decreto por inconstitucional.

Hay otras acciones contra esa ley, oportunamente la Sala Constitucional emitirá su resolución, dijo. “El poder Judicial siempre es presionado por las partes interesadas, porque cada parte tiene el deseo que sus peticiones salgan favorables, no obstante ya estamos acostumbrados a ello y lo importante es que nuestras resoluciones son emitidas sin atender a ninguna presión”, aseguró.