ADMINISTRACIÓN
TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El
Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), mediante la directora Gabriela Castellanos, presentó un recurso de inconstitucionalidad contra las reformas aprobadas por el Congreso Nacional en la Semana Morazánica a la Ley de
Lavado de Activos.
El escrito fue interpuesto ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por vía de acción, por razón de contenido y de manera parcial contra dicho decreto.
“Fundamentados en la Constitución de la República y los tratados internacionales, el CNA demuestra cómo el Estado pretende frenar las acciones de la sociedad civil y su rol activo”, indica en un comunicado de prensa el CNA.
El recurso cita que la solicitud se hace “específicamente en su artículo ocho, que reforma el artículo dos numeral 34 del decreto NO.144-2014 que contiene la Ley Especial contra el delito de Lavado de Activos”.
El escrito fue interpuesto ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por vía de acción, por razón de contenido y de manera parcial contra dicho decreto.
“Fundamentados en la Constitución de la República y los tratados internacionales, el CNA demuestra cómo el Estado pretende frenar las acciones de la sociedad civil y su rol activo”, indica en un comunicado de prensa el CNA.
El recurso cita que la solicitud se hace “específicamente en su artículo ocho, que reforma el artículo dos numeral 34 del decreto NO.144-2014 que contiene la Ley Especial contra el delito de Lavado de Activos”.
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La reforma al artículo 34 de la Ley de Lavado de Activos establece como Persona Expuesta Políticamente a “aquellas que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en el país o en un país extranjero, los nacionales o extranjeros a quienes una organización internacional les ha confiado una función destacada dentro o fuera del país, organizaciones de sociedad civil que administren fondos de cooperación externa que se dediquen a ejecutar proyectos o programas de diferentes tipos, la veeduría, investigación, evaluación o análisis de la gestión pública, así como funcionarios o miembros de partidos políticos que por su capacidad de influencia en las decisiones estatales, sus relaciones de negocio con personas o sociedades, o sobre procesos públicos de cualquier naturaleza, pueden utilizar su influencia para su propio beneficio o de un tercero. Esta definición no pretende cubrir a individuos en un rango medio o más subalterno en las categorías anteriores. Las personas categorizadas como PEP permanecerán en dicha categoría hasta por 1 año después de haber cesado en el cargo”.
Tras la reforma, muchas personas se han visto beneficiadas recobrando su libertad, la última fue la esposa del comisionado Leonel Sauceda, Patricia Estrada Pacheco.
Antes lo hicieron el exdiputado Seth Paisano y su hermano, Olvin Mejía, expresidente del Colegio de Abogados, y el congresista Reynaldo Ekónomo, entre otros.
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