TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Juan Carlos Sánchez, abogado del alcalde de Talanga,
Roosevelt Eduardo Avilez, capturado el lunes, dijo que el Ministerio Público (MP) debe acreditar de dónde provienen los bienes para acusarlo por el delito de lavado de activos.
'No podemos venir y decir que una persona está lavando activos porque sus bienes tienen un origen ilícito si no probamos la ilicitud o la procedencia, en este caso del delito que se relaciona', explicó el togado.
Zelaya expresó que la Fiscalía debe acreditar de dónde proceden los bienes para probar que su cliente puede ser acusado de lavado de activos.
'No podemos venir y decir que una persona está lavando activos porque sus bienes tienen un origen ilícito si no probamos la ilicitud o la procedencia, en este caso del delito que se relaciona', explicó el togado.
Zelaya expresó que la Fiscalía debe acreditar de dónde proceden los bienes para probar que su cliente puede ser acusado de lavado de activos.
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'Va a ser necesario que el Ministerio Público pueda acreditar si le atribuye a una persona en especial que está lavando activos, definitivamente tiene que acreditar cuál es la procedencia o el ilícito del cual provienen esos activos. En todo caso implica un trabajo más profesional, más técnico y con mayor capacidad de poder acreditar estos efectos en un juicio', reiteró.
Prisión preventiva
El Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional dictó la medida de detención judicial contra el alcalde de Talanga, Roosevelt Avilez y su clan familiar, acusados de lavado de dinero.LEA: Cae el núcleo cercano de Roosevelt Avilez por vínculos con el narcotráfico
El funcionario municipal fue remitido al Primer Batallón de Infantería donde permanecerá recluido mientras se desarrolla la audiencia inicial que fue programada para el 22 de octubre.
En el expediente figuran la esposa de Avilez, Nancy Santos, su hermana Fadde Sarogyni Avilez, su suegra Bella Esperanza Ríos, que fueron remitidas a la Penitenciaría Nacional Femenil de Adaptación Social (Pnfas). Y su cuñado César Vladimir Leiva Ríos fue enviado al Centro Penitenciario Nacional de Támara.
Las investigaciones de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico y la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado concluyeron que Avilez y su núcleo lavaron más de 320 millones de lempiras, recursos que provinieron del narcotráfico.
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