TEGUCIGALPA
Representantes de distintos sectores sociales confían en que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) pueda declarar la inconstitucionalidad del blindaje en el manejo de fondos públicos aprobado por los diputados del Congreso Nacional.
Aunque la asesoría legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) elaborará una opinión que se remitirá el próximo 20 de noviembre al órgano unicameral sobre la Ley Especial del Fondo Departamental, el director ejecutivo de esta organización, Armando Urtecho, consideró que los diputados no deberían de administrar recursos públicos, ya que es una facultad que le compete al Poder Ejecutivo.
“Lo más seguro es que la Corte Suprema cuando analice la separación de poderes, le va a decir (a los diputados) usted no puede manejar fondos, eso le corresponde al Poder Ejecutivo y no al Poder Legislativo”, expresó a EL HERALDO.
Mientras que la exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, explicó que cuando un poder del Estado, en este caso el CN, se excede en sus atribuciones y que por las potestades de los congresistas aprueban leyes que los convierte en una clase privilegiada para no dar cuenta de fondos que tendrán acceso, lo que procede es el actuar de los otros poderes estatales.
Tanto el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) como el Ministerio Público (MP) han interpuesto recursos de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional de la CSJ en contra del decreto legislativo 116-2019 contentivo de esta normativa vigente y que, por ende, es ley de la República.
Blindaje a la corrupción
A través de un pronunciamiento emitido ayer por el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) subraya en el inciso f que “no sólo se trata del manejo de recursos públicos, sino del blindaje a la corrupción y gozar de impunidad”. Reitera que con la Ley Especial para la Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos para Proyectos de Orden Social, Comunitarios, Infraestructura y Programas Sociales se “revive” el Fondo Social Departamental (FSD), que ha sido catalogado como un “mecanismo de instrumentalización o de proselitismo político con fines clientelistas”.
“Lamentamos que ellos (diputados) lo vean tan fríamente, de hacer un procedimiento sin dar cuentas al pueblo, sino que a una instancia que tarda muchísimo tiempo (refiriéndose al Tribunal Superior de Cuentas) y que no ha sido efectiva en la auditoría de los fondos del Estado en manos de funcionarios”, manifestó a EL HERALDO el representante del Arzobispado de Tegucigalpa ante el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Carlos Rubio
