Honduras

Nuevo Código Penal de Honduras está en medio de laberinto legal

Existen tres escenarios relacionados con el Código, pero el que toma más fuerza es que entrará en vigencia y enseguida se harán las reformas a la norma

19.09.2019

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- ¿Hay manera de resolver el limbo legal que existe en torno al nuevo Código Penal?

Esta es la gran interrogante que rodea a los sectores que ven en el Código Penal un fomento a la impunidad y entre quienes lo consideran una herramienta novedosa y de beneficio para el país. Actualmente, esta herramienta legal se encuentra en vacatio legis, pero entrará en vigor el próximo 10 de noviembre.

Diversas organizaciones de la sociedad civil, juristas y abogados penalistas coinciden en que el Código Penal fomenta la impunidad porque reduce sustancialmente las penas de delitos relacionados a la corrupción pública y criminalidad organizada.

Pero quienes trabajaron en la legislación aseguran que no se pretende reducir las penas y más bien compromete al Estado en su lucha contra la corrupción, impunidad, narcotráfico y criminalidad organizada.

Escenarios

Debido al rechazo de varios sectores que piden solventar esta situación para que la normativa no entre en vigencia y con ello se beneficie a corruptos y ligados a la criminalidad organizada, entre otros, se barajan tres escenarios para salir de ese laberinto legal.

El primer escenario es que se abrogue definitivamente el Código Penal.

Esta propuesta ha sido impulsada por un sector de la empresa privada y organizaciones de la sociedad civil que luchan contra la corrupción.


Cuadro Código Penal El nuevo Código Penal entrará en vigor el próximo 10 de noviembre


“Demandamos la abrogación del nuevo Código Penal porque debilita la lucha contra la corrupción al contemplar reducciones de penas, atenta contra el derecho universal de la libertad de expresión y la libre empresa”, señala un comunicado publicado por 35 organizaciones.

Sin embargo, los asesores del Congreso Nacional y sus diputados ven difícil que se ejecute esta propuesta.

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Y es que de acuerdo a los congresistas, no se puede destruir una norma que fue edificada durante varios años, para complacer al sector que aboga por esta opción.

Fue en 2014, que el Congreso Nacional contrató a un consultor internacional para iniciar a impulsar la legislación, que ahora mantiene en dilema a una sociedad cada día más sedienta de justicia.

Algunas organizaciones, entre ellas la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC) y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), admitieron que participaron en diversas jornadas de la construcción del nuevo Código Penal, pero coincidieron que en el diario oficial La Gaceta se publicó una ley diferente a la socializada con ellos entre 2015 y 2016, esto generó mayor desconfianza en ellos.

La propuesta de abrogación en definitiva no será tomada en cuenta en el seno del Poder Legislativo.

Ampliación

El otro escenario que se presenta es la ampliación de la vacatio legis, que finaliza el 10 de noviembre.

Esta propuesta ha sido planteada hasta por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quien ha solicitado en reiteradas ocasiones la ampliación de la entrada en vigencia para capacitar a los jueces y funcionarios judiciales que utilizan esta herramienta jurídica en los procesos penales.

El Colegio de Abogados de Honduras (CAH) también se ha adherido a esta propuesta.
La ampliación de la vacatio legis “es una necesidad que surge de que todos los operadores de justicia puedan conocer la normativa que entrará en vigencia próximamente”, señaló la presidenta del ente gremial, Anny Belinda Ochoa.

Diccionarios jurídicos definen la vacatio legis como el lapso de tiempo que debe existir entre la publicación de una norma legal y su entrada en vigor, ello con el objeto de que la ley pueda ser conocida suficientemente, antes de que adquiera fuerza obligatoria.

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Es decir, que la ampliación de la vacatio no solucionaría el enredo jurídico en que se encuentra el nuevo Código Penal porque durante este período no se pueden formular reformas porque la norma ha tomado el carácter de vigente.

Lo que hará el Poder Legislativo si amplía la vacatio legis es solamente trasladar el embrollo a otro momento.

Hasta ahora, el Congreso Nacional no se ha pronunciado contundentemente sobre la ampliación o no de la vacatio legis.

Vigencia

El nuevo Código Penal entrará en vigencia dentro de 52 días. Este es el escenario que toma mayor fuerza en medio de las peticiones de los sectores.

En diversas oportunidades, los diputados del Congreso que participaron en la comisión que dictaminó esa ley han manifestado que llueve, truene o relampaguee, el Código cobrará vigor el 10 de noviembre.

Sin embargo, aseguran que tienen las puertas abiertas para escuchar las propuestas de todos los sectores que consideren que la legislación vulnera sus derechos.

De hecho, el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) sostuvo un acercamiento con las autoridades del Legislativo y acordaron la despenalización de los delitos contra el honor.

Así mismo lo hizo la semana anterior el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), que logró que el Congreso se comprometiera a la derogación de la responsabilidad penal para las personas jurídicas y la penalización del delito del contrabando que combatirá la competencia desleal y el comercio ilícito.

Al menos 70 artículos que se prevé serán modificados tienen relación con la responsabilidad penal de las empresas.

Según los funcionarios del Cohep, este acuerdo se aprobaría antes del 10 de noviembre.
No obstante, no existe un mecanismo legal que autorice al Congreso Nacional reformar una legislación antes de que cobre vigencia.

Desde hace un par de meses, el CN inició una jornada intensa de socialización de la norma.
Pero, son pocas las entidades no gubernamentales que han presentado una propuesta para tratar de cambiar el futuro de la normativa.

Otras instituciones como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) aseguraron que no han recibido una invitación formal de parte de Mauricio Oliva, presidente del Congreso Nacional, para plantear sus puntos de vista y sugerencias.

Sin embargo, la opción de que el nuevo Código Penal entre en vigencia y una vez que ocurra esto se hagan las reformas necesarias, va a significar una puerta abierta o una “tabla de salvación” para personajes que han enfrentado procesos legales por corrupción, crimen organizado y otra serie de delitos pues, según el artículo 96 de la Constitución de la República, la ley solo tiene carácter retroactivo en material penal, siempre y cuando favorezca al imputado.

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